El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, toma hoy declaración en calidad de investigado al expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda por su "participación esencial" en la compra presuntamente fraudulenta de la filial Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Antes que Canalda comparecen ante el juez de la Audiencia Nacional el exdirector general de la Comunidad de Madrid Ignacio López-Galiacho, el excoordinador general del Ayuntamiento madrileño Fernando Autrán y Francisco Díaz-Latorre y Adriano García, todos ellos exconsejeros del Canal.

El juez cree que en los 73 millones de dólares que el Canal pagó por Inassa pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" para los intereses de la empresa pública de aguas porque la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria" que contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

En concreto, se utilizó una "sociedad vehículo" llamada Canal Extensia, que adquirió Inassa a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América.

Canalda, junto con otros investigados como el expresidente del Canal Pedro Calvo, se encargó de "negociar y presentar ofertas en la licitación internacional de Inassa".

Pero el juez cree que en realidad se concertó con otros imputados para gestionar la adquisición "de forma distinta a la que plantearon" en una reunión del Consejo de Administración del Canal, concretamente, mediante la utilización de Sociedad Aguas de América.

Según el juez, antes de que se le autorizase a presentar la oferta económica para comprar Inassa, Canalda y otros investigados ya habían alcanzado un acuerdo con los vendedores "para adquirir esta operación de forma distinta" y ya tenían "el aval bancario definitivo" y el acuerdo de compraventa de acciones redactado.

Por el momento, la mayoría de los investigados por esta operación han apuntado a la misma línea: que la compra de Inassa fue beneficiosa para el Canal y que incluso se adquirió a un precio más barato que el de mercado.

En relación a la utilización de la empresa interpuesta, algunos comentaron que fue una condición de los vendedores y que se acordó que se disolvería el mismo día de la operación.