El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha retado hoy al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a volver a emitir la orden de detención europea contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, si es que aprecia que los delitos de los que le acusa "son tan graves".

En rueda de prensa, Cleries ha afirmado que si el juez instructor suspendió en su día la euroorden contra Puigdemont "es porque en Europa estos delitos no los ven por ningún lado, ni sedición ni rebelión, porque no hay ningún tipo de violencia", ha comentado sobre los hechos en los que se implica a Puigdemont, huido a Bélgica desde hace más de tres meses.

"Si estos delitos son tan graves, que pongan en marcha la euroorden", ha subrayado el senador nacionalista, quien ha recordado que ni siquiera se cursó cuando el candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat viajó desde Bruselas a Copenhague.

Más allá de la situación procesal de Puigdemont, el portavoz del PDeCAT ha confiado en que esta semana las fuerzas independentistas catalanas lleguen a un acuerdo para que la siguiente se pueda celebrar el suspendido pleno de investidura del presidente de la Generalitat.

Ha remarcado que ni su partido ni Junts per Catalunya entienden una Presidencia "simbólica", sino una verdadera ejercida por un candidato que cumple con todos los requisitos determinados en el Reglamento del Parlament y el Estatut para ser presidente, como a su juicio es el caso de Puigdemont.

Por otro lado, Cleries ha arremetido contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haber dado por hecho que Puigdemont y los excargos del Govern en prisión o fugados serán inhabilitados en primavera para poder ocupar un cargo público una vez el juez del Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.

En su opinión, el ministro ha invocado un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pensado para "criminales" de organizaciones terroristas o bandas armadas, lo cual ve como un "disparate".

También se ha quejado porque la mayoría del PP ha impedido que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dé cuenta en el Senado de las "presuntas presiones" del Gobierno al Tribunal Constitucional cuando deliberaba sobre la investidura a distancia de Puigdemont.