El Consejo de Ministros tramitará el próximo viernes cinco proyectos de ley, entre ellos el que pretende modificar el Código Penal para aumentar los casos en los que se podría aplicar la pena de prisión permanente revisable.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se ha reunido hoy en el Palacio de la Moncloa bajo la presidencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para analizar los asuntos que se debatirán el viernes en el Consejo y entre los que se encuentran esas cinco iniciativas en la actualidad en fase de anteproyecto.

La que propondrá aumentar los casos en los que es posible una pena de prisión permanente revisable fue anunciada ya el pasado domingo por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la convención organizada por el PP en Córdoba para analizar la mejora de esta figura del Código Penal.

Hasta ahora, esta pena se aplica a ocho delitos especialmente graves, y el Gobierno pretende sumar a ellos otros más.

En concreto, intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, el secuestro que acabe en asesinato, incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

Desde la oposición, partidos como el PSOE ya han avanzado su rechazo a los planes del Gobierno.

Junto a ese anteproyecto y en aplicación del derecho de la UE, el Ejecutivo aprobará otros cuatro de desarrollo de directivas y aplicación de reglamentos.

En concreto, tramitará el que modifica la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con esa iniciativa se transpone una directiva de la UE en aspectos todavía no incorporados al derecho interno español y adaptar el régimen vigente realizando algunos ajustes que mejoren su efectividad pero sin modificar sus líneas básicas.

También en este ámbito se debatirá el anteproyecto sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

De esta manera, según el Gobierno, se incorporarán nuevas herramientas que mejoren eficazmente la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Se aprobará igualmente el proyecto de secretos empresariales y que supone la transposición de una directiva europea relativa a la protección de los secretos comerciales.

Para ello, la ley define los secretos oficiales, determina aquellas conductas constitutivas de violación de estos secretos y determina el catálogo de acciones de defensa y demás medidas procesales.

El quinto anteproyecto es el de la ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Esta ley adapta el ordenamiento interno a la regulación recogida por la UE, elimina aquellos preceptos incompatibles con la norma comunitaria, se determina el régimen sancionador de los servicios de confianza diferentes de la firma electrónica y se regulan aquellos aspectos que la UE deja a criterio de los estados.