El exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, salvo a su abogado, en su turno de interrogatorio en el juicio de los ERE, no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional en marzo de 2011 y la Guardia Civil en enero de 2012 alegando haber sufrido una "tremenda presión mediática y de la Policía".
Guerrero se ha acogido a su derecho a no declarar y ha expresado que no va a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, de forma que sólo contestará a las que le realice su abogado, Fernando de Pablo.
A continuación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Francisco Javier Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha accedido a esta petición de la Fiscalía.
Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que "no", alegando que cuando la hizo "tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara".
"No la voy a ratificar", ha reiterado, añadiendo que la declaración leída "no recoge exactamente lo que dijo textualmente" en algunas cuestiones. Igualmente ha alegado los mismos motivos para no ratificar la segunda declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.
Con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero se ha iniciado, sobre las 10.45 horas, el turno de interrogatorios a los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que se ha retomado este lunes tras la resolución por parte del tribunal de las cuestiones previas.