El juez del caso por el "procès" en el Supremo ha pedido a Bélgica que obligue a los exconsellers fugados que residen en Bruselas, Antoni Comín y Meritxell Serret, a que designen abogado y procurador en esta causa o, en caso contrario, que sean entregados temporalmente a España para dicho trámite.

Los exconsellers Comín y Serret han sido procesados por el citado juez, Pablo Llarena, en el marco del sumario por el "procès". Además, el magistrado ha dictado órdenes europeas de detención contra ellos, porque se hallan fuera del alcance de la Justicia española en Bélgica.

Esas actuaciones del Supremo requieren, para continuar sus trámites, que ambos estén personados en la causa. Ante la pasividad de los imputados para la designación de abogado y procurador, el juez ha tomado la iniciativa de hoy en una providencia en la que insinúa la existencia de un intento de fraude procesal.

Así, les hace saber que en caso de que no designen abogado de su confianza en el plazo de cinco días, se nombrará uno de oficio.

El magistrado ofrece también la posibilidad alternativa de que sean trasladados temporalmente a España para realizar ese trámite, tal y como contempla el artículo 18 de la Orden Europea de Detención y Entrega.

En la providencia, el juez explica que la asistencia letrada de los dos procesados presentó el 16 de abril un escrito en el que expresaba "su intención de continuar formalmente ajenos al presente procedimiento, pese a haber sido detenidos con ocasión de la OEDE dictada por este instructor y estar por ello sujetos al resultado procesal que se derive de su complementación".

Pablo Llarena recuerda que el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la necesidad de rechazar judicialmente las peticiones "que se construyan con evidente fraude procesal".

Por ello en aplicación del artículo 18 de la OEDE, que autoriza a la autoridad de ejecución de una euroorden -Bélgica- a tomar declaración al detenido, acuerda reclamar del órgano judicial de ejecución en Bélgica que tome declaración a ambos procesados para que designen abogado y procurador en España.