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El Tribunal de Cuentas eleva en 168 millones el déficit no financiero del Estado en 2016

Reclama a la Administración acortar plazos para poder emitir su Declaración de la Cuenta General del Estado en menos de un año
Madrid, Europa Press
11/jun/18 13:08 PM
eldia.es
GRAF5170. MADRID, 07/06/2018.- La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, felicitada por el ministro saliente, Cristóbal Montoro, en el acto de toma de posesión./FERNANDO VILLAR (EFE)

El Tribunal de Cuentas ha elevado el déficit del resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al ejercicio 2016 en 168,2 millones de euros, que deben añadirse a los 28.975 millones que figuraban como importe negativo de ese apartado en la Cuenta General del Estado.

Asimismo, el órgano fiscalizador señala que el resultado presupuestario consolidado por operaciones financieras reflejado en la Cuenta General del Estado, que presenta un superávit de 29.297 millones, se hallaría infravalorado en 0,6 millones.

Por todo ello, entiende que el resultado presupuestario consolidado del ejercicio se halla sobrevalorado en 167,6 millones, según consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado (CGE), aprobada por el Tribunal de Cuentas, y recogida por Europa Press. Este importe resulta de tener en cuenta exclusivamente las operaciones de gastos e ingresos que debieron haber sido imputadas al presupuesto de 2016 por corresponder a dicho ejercicio.

3.281 MILLONES EN OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS

En total, el Estado dejó en 2016 obligaciones pendientes de reconocer por un importe acumulado de 3.281 millones de euros y derechos reconocidos netos por un importe adicional en 205,9 millones, cuya regularización debe ser imputada a presupuestos de ejercicios posteriores.

Por relevancia, el órgano fiscalizador destaca el resultado presupuestario en 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal, que presenta una infravalorización neta por 362,5 millones. Asimismo, su resultado económico patrimonial se encuentra sobrevalorado en 185,7 millones, según recoge la Declaración.

De 394 entidades del sector público estatal, trece de ellas no se encuentran incluidas, al no tener obligación de remitir sus cuentas seis de ellas y no haber recibido la Intervención ni las cuentas aprobadas ni formuladas de las otras siete en los plazos legales.

Otra de las cuestiones que destaca el Tribunal en su Declaración es la ausencia de inventarios completos de bienes, lo que afecta a la representatividad de los saldos reflejados en los estados financieros. Particularmente, el órgano fiscalizador subraya que la Tesorería General de la Seguridad Social trabaja en su inventario general desde 2012.

REDUCIR LOS PLAZOS PARA RENDIR CUENTAS

Como consecuencia de la Declaración, el Tribunal de Cuentas pide modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir tanto el plazo legal de rendición por el Gobierno, como el plazo de rendición de las cuentas individuales aprobadas.

Todo ello con el objetivo de que el Tribunal pueda emitir la Declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que aquella se refiera y dotar a las Cortes, como vienen reclamando, del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio. Precisamente, las Cortes ya solicitaron esta modificación al aprobar una moción propuesta por el Tribunal el pasado mes de diciembre.

Por otro lado, el órgano fiscalizador ha propuesto a las Cortes que inste al Gobierno a subsanar salvedades y deficiencias, con el fin de que la Cuenta General del Estado refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable.

Asimismo, pide también aplicar recomendaciones formuladas, como ampliar la información contenida en la memoria de la Cuenta y corregir deficiencias detectadas en el declaraciones de años anteriores, así como poner en práctica resoluciones de las Cortes, procedentes de otros años y que aún no se han adoptado.