La plataforma de coches de alquiler con conductor Cabify ha demandado a Podemos por haber dañado "gravemente su derecho al honor" durante la huelga de taxistas de 2017 al haber acusado a la empresa de no tributar en España, no cumplir la legislación laboral y fomentar la precariedad.
La demanda, adelantada por Vozpópuli, incluye a la formación política y a algunos de sus dirigentes: la portavoz parlamentaria, Irene Montero; el responsable de Sociedad Civil, Rafael Mayoral; el senador de en Comú-Podem Óscar Guardingo, y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.
El acto de conciliación está previsto para el próximo 22 de junio.
A través de distintas redes sociales los dirigentes de Podemos acusaron a Cabify de competencia desleal, de expoliar el país, de precarizar el empleo y de operar en contra de los intereses del sector del taxi.
Juyan Carlos Monedero publicó en su blog una entrada en la que aseguraba que Cabify "busca en España esclavos para hacer quebrar el taxi", en tanto que Irene Montero aseguró que no sólo no tributan en España sino que eluden sus impuestos a paraísos fiscales.
Mayoral y Guardingo, por su parte, colgaron en twitter un video que simulaba una viaje en taxi en el que se vertían expresiones "dañinas" para la imagen de la compañía.
"Tiene a los conductores sin reconocerles los derechos laborales, paga sus impuestos en un paraíso fiscal y le sale un negocio redondo", se afirma en el video.
Fuentes de la formación política han asegurado que la demanda pretende "poner mordazas por apoyar la huelga de los taxistas y defender los derechos de la gente trabajadora".
"Nosotras denunciamos los paraísos fiscales frente a quienes los defienden y hacen uso de ellos", prosigue la misma fuente, pero detrás de este conflicto "hay una disputa política entre los que defienden un modelo económico extractivo basado en la precariedad laboral y el recorte de derechos y quienes apuestan por la defensa de un modelo de solidaridad basado en los impuestos".