El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha declarado este sábado que los instrumentos de la Generalitat para hacer frente a los desahucios son insuficientes y ha reclamado al Gobierno central que reactive la ley catalana de vivienda: "Exigimos que se levante la suspensión que hizo el Gobierno del PP".

En una entrevista de ''Rac1'' recogida por Europa Press, ha detallado que se trata de un artículo de la ley 4/2016, "que obliga a las entidades financieras y a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer soluciones de realojamiento antes de ejecutar un desahucio".

Ha defendido que, si bien que la Generalitat dispone de instrumentos para hacer frente a los desahucios, estos son "insuficientes", por lo que ha reclamado aumentar el parque de viviendas y que la legislación proteja más a las familias.

También ha criticado que "el Estado pone recursos económicos insuficientes", y ha dicho que la problemática se debe abordar con más colaboración entre instituciones para agilizar e incrementar las soluciones.

Preguntado por la ley del desahucio exprés que el Congreso aprobó el 24 de abril a propuesta del PDeCat, su partido, ha negado que pueda empeorar la problemática porque considera que la nueva legislación persigue evitar el "mal uso" de viviendas para disponer con más rapidez del parque de viviendas.

En respuesta a las declaraciones de la teniente de alcalde de Educación y Política Social de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Montse Pérez, quien aseguró que la Generalitat no dispone de una política de vivienda que permita evitar casos como los del vecino que se suicidó en el municipio antes de ser desahuciado, Calvet ha defendido que el Govern pone pisos a disposición del Ayuntamiento para emergencias sociales además de viviendas cedidas por entidades financieras.

En relación al mismo caso, el conseller ha declarado que si hubiera estado vigente el artículo suspendido de la ley catalana de vivienda, "seguramente" habría habido más soluciones ante la situación.

También ha explicado que tiene "muchas dudas" sobre la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que quiere obligar a los constructores a destinar un 30% de los nuevos pisos a viviendas de alquiler social.

Calvet ha mostrado "dudas jurídicas, técnicas y económicas", aunque ha asegurado que desea abordar la cuestión en una reunión con el consistorio para conocer la propuesta en profundidad.