La sentencia sobre el caso Emarsa por el desvío de 23,5 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), que ha dado a conocer este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, llega tras dos aplazamientos del juicio y siete años de instrucción.

Se trata de la pieza principal de la causa, que sentó en el banquillo a 24 acusados, entre ellos exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales), dependiente de la Generalitat Valenciana.

También se procesó a varios empresarios por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad, durante cerca de un centenar de sesiones que se celebraron durante ocho meses en la Audiencia Provincial de Valencia, y quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre.

El juicio se aplazó en dos ocasiones, la primera, el 2 de noviembre de 2016 por la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, que estuvo huido de la justicia más de tres años, fue detenido en Moldavia en julio de 2015, extraditado el 15 de abril de 2006 y enviado tres días después a prisión provisional sin fianza, que actualmente cumple en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza).

El pasado 13 de marzo, en la primera vista, cinco letrados defensores del turno de oficio pidieron más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios que componían la causa, de modo que la sala decidió posponer por segunda vez el inicio del juicio.

La instrucción de este caso determinó la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.

Entre los principales procesados en esta causa estaban el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.

También figuraban el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer.

La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Epsar y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.

El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.

La Fiscalía pedía penas de 20 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, que finalmente han quedado en doce años y medio, y 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, condenado hoy a diez años, considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta.

Reclamaba asimismo 10 años Juan José Morenilla, que han quedado en la sentencia en nueve años de prisión, y 3,5 para Ignacio Bernácer, lo mismo que la sentencia, ex altos cargos de la Generalitat, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta.