La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias puso en marcha en 2014 un plan de control de presos para prevenir la radicalización, un seguimiento al que están sometidos 252 reclusos. Otros 23 participan de forma voluntaria en un programa para desengancharse de las conductas violentas.

Y lo están intentando en ocho centros penitenciarios dependientes de la administración central -todos menos los de Cataluña-, donde un grupo multidisciplinar atiende a estos voluntarios en un programa centrado en el abandono de la violencia en cualquiera de sus modalidades y minimizar el riesgo de reincidencia.

Mientras, Prisiones hace un seguimiento y control de 252 presos yihadistas a través de un protocolo que se activó en 2014 y que en la actualidad tiene como objetivo casi al triple de internos que cuando empezó, que apenas eran 87, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias.

Quizá sea difícil poner un calificativo a los resultados del programa, porque a fin de cuentas se trata de algo individualizado, aunque, en general, parece que son positivos.

Tanto es así, que expertos consultados no dudan en asegurar que, a diferencia de las cárceles de algunos países europeos de nuestro entorno, las prisiones españolas "no son foco de contagio y radicalización" yihadista.

Mario es un funcionario de Instituciones Penitenciarias experto en intervención del radicalismo violento y, desde su experiencia, también opina lo mismo. De hecho, considera que se dan casos muy aislados y, en todo caso, muchos menos que en los centros de otros países europeos.

Insiste este funcionario en que todas estas iniciativas de Instituciones Penitenciarias tienen como objetivo desvincular al preso de la violencia "Porque en modo alguno -dice a Efe- se busca revertir sus ideas religiosas ni corregir su ideología".

Fue a partir de los atentados de Madrid de 2004 cuando se planteó trabajar con este tipo de presos, después de la operación Nova de la Comisaria General de Información de la Policía Nacional contra una célula que quería volar la Audiencia Nacional con un camión cargado de explosivos, dirigida por Mohamed Achraf, actualmente en prisión.

Así, se pusieron en marcha grupos de control y seguridad para una vigilancia más estrecha de algunos internos con perfiles más problemáticos, lo que fue el germen del plan actual de seguimiento, que incluye un protocolo de detección del fenómeno yihadista en prisión.

Los 252 internos que, a fecha de hoy, están bajo especial vigilancia están divididos en tres grupos. En el primero, destinado a reclusos preventivos o penados por hechos relacionados con el terrorismo islamista, hay 134 presos, frente a los 45 de 2014.

Mientras, otros 35 (9 en 2014) están incluidos en el segundo grupo, el de presos que no están condenados por terrorismo pero sí se detecta en ellos una actitud de liderazgo y proselitista, es decir, carismáticos que pueden llegar a ser captadores o reclutadores.

En el tercer y último grupo hay 83 internos (33 en el inicio del programa), que no están en la cárcel por delitos de terrorismo pero que son controlados por presentar indicios de fanatismo o por sufrir una situación de frustración personal o de exclusión social que les hace más vulnerables a la captación y radicalización

Una instrucción de la Secretaría General ofrece los instrumentos para evaluar el riesgo y, así, a través de 12 factores puede determinarse el nivel de violencia radical de un preso y con otros 27 el de captación y proselitismo.

Son instrumentos especialmente diseñados para el contexto penitenciario, subraya el funcionario después de resaltar el incremento del número de internos bajo observación y explicar que, aunque no hay datos definitivos de los resultados del programa, sí hay presos que ya han empezado a cuestionarse la violencia.

Respecto a los que se han acogido de forma voluntaria al programa de "desenganche", Mario recuerda que éste se concibió de forma flexible en función de las necesidades de casa preso, porque "no tendría sentido ponerle fecha de inicio y final".

En general, se trata de que los internos tomen de su evolución, de su visión del mundo, para después abordar un cambio personal a través de estrategias que incidan la empatía hacia las víctimas, la integración social o el abandono de las conductas violentas.

Psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y subdirectores de Tratamiento de la cárcel correspondiente forman el equipo que trabaja con estos programas de intervención, en conexión permanente con los responsables de seguridad.

Y todo el plan, en sintonía con las recomendaciones europeas, señala Mario, quien considera que no son muchos los países europeos que cuentan con programas de este tipo, con protocolos de detección, evaluación y tratamiento.