Ciudadanos ha presentado este viernes una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a rechazar la "impunidad" de los políticos y a no conceder indultos ni ningún otro "privilegio" a los líderes independentistas que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el ''procés'' en Cataluña.

Cs ha registrado esta iniciativa, para su debate en el Pleno de la Cámara Baja, un día después de que se conociera que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas por delitos de secesión y malversación de caudales públicos para los promotores del proceso separatista, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

Precisamente, esta semana ha arrancado en el Congreso, a raíz de una proposición de ley del PSOE, la reforma de la Ley de Indultos de 1870, para la cual el PP presentó una enmienda que tiene como objetivo prohibir el perdón a los condenados por rebelión o sedición.

El primer punto de la iniciativa de Ciudadanos señala que "el principio de igualdad ante la ley" exige "desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas".

Además, en un segundo punto plantea que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "no conceder el indulto, ni ninguna otra medida de privilegio", a los que sean condenados por "el golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo".

DECLARACIONES DE POLÍTICOS A FAVOR DEL INDULTO

El partido presidido por Albert Rivera sostiene que los trece querellados --por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia--, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, generaron "una crisis institucional sin precedentes" en España que culminó con la declaración unilateral de independencia, que se hizo con "total desprecio" a la Constitución.

Pese a ello, distintos dirigentes políticos, "especialmente del PSC" pero también la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se han mostrado a favor de que se atenúen las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor o de que el Gobierno conceda futuros indultos ante posibles sentencias condenatorias contra los procesados.

Esto, según Cs, "compromete gravemente el principio de independencia del poder judicial", porque se expresa, "con mucha antelación a la finalización de la causa, la voluntad de obviar la acción de la Justicia por parte del poder ejecutivo", lo cual supone un "fraude de ley" y sirve para "alimentar la sensación de impunidad" de quienes "han perpetrado un gravísimo golpe contra la democracia" española.

LOS PROCESADOS NO ASUMEN SU CULPA NI SE ARREPIENTEN

Asimismo, la formación naranja ha destacado que los procesados "no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento" por los delitos de los que se les acusa y aseguran "que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer". Por tanto, según Cs, "no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas" que los tribunales les puedan imponer.

Por último, la iniciativa parlamentaria recuerda que la ley establece que "el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador", y que entre las "condiciones tácitas de todo indulto" está la de que "no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos".

En este caso, Ciudadanos cree que la concesión de un "acta de impunidad generalizada" a los condenados perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y vulneraría sus derechos.

"Todos los ciudadanos se podrán sentir discriminados y desamparados, ante el hecho evidente de que determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifiesto desprecio por la ley, la democracia y la convivencia se vean libres de toda responsabilidad, en un grave e irresponsable ejercicio de deslegitimación y voladura de nuestro sistema democrático, iniciada con la ruptura efectiva del principio de igualdad ante la ley", concluye.