Un informe de los servicios jurídicos del Congreso encargado por la Mesa determinará cómo actuar con los decretos leyes remitidos por el Gobierno durante el periodo electoral en el caso de que en la Diputación Permanente se decida tramitarlos como proyectos de ley, y por tanto, se puedan modificar a través de enmiendas.

Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que los letrados entreguen el informe entre finales de semana e inicios de la próxima.

El artículo 151.5 del reglamento de la Cámara Baja señala: "La Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los periodos entre legislaturas".

Así que, ¿qué pasaría si en la votación de un decreto-ley del Gobierno de Pedro Sánchez un grupo pide la votación para tramitarlo como proyecto de ley y la mayoría de los integrantes (65) de la Diputación dijera que sí?

El reglamento del Congreso señala que, una vez se admite la entrada de un proyecto de ley, los grupos disfrutarán de un plazo de quince días para presentar enmiendas mediante un escrito dirigido a la Mesa de la Comisión parlamentaria correspondiente.

Sin embargo, al quedar disueltas las Cortes, las comisiones han quedado desactivadas, así que no está definido a quién remitir las enmiendas a un proyecto de ley.

En cuanto tenga el informe en sus manos, es previsible que la presidenta convoque a la Mesa de la Diputación Permanente, que integran cinco diputados (2 del PP, 1 de Ciudadanos, 1 del PSOE y 1 de Unidos Podemos).

El grupo popular, quien ya avanzó ayer que recurrirá los decretos a la Junta Electoral Central, ha destacado este martes por medio de su portavoz, Dolors Montserrat, que también estará al tanto de lo que determine el informe para decidir si plantean otro tipo de recursos.

Por tanto, la aprobación el viernes pasado de reales decretos leyes con medidas sociales ha colocado a la presidenta del Congreso y a la Diputación Permanente en una coyuntura sin precedentes.

Fuentes parlamentarias entregaron ayer documentación sobre el listado de los decretos leyes que la Diputación había convalidado en período electoral desde 1996, es decir, durante los 54 días que transcurren desde la disolución de las Cortes hasta la celebración de las elecciones.

Hay decretos para reparación de daños causados por temporales y hasta por terremotos, actualización de pensiones, concesiones de suplementos de crédito a un ministerio para que hiciera frente a sus obligaciones de pago y sobre los depósitos bancarios, pero nada similar, argumentan las citadas fuentes, a medidas legislativas como las que ahora mismo está planteando el Gobierno.

Pastor, como presidenta del Congreso, es la autoridad con potestad para convocar la Diputación Permanente entre periodos de sesiones o tras la disolución de las Cortes.

Dispone de un plazo de treinta días para llamar a estas sesiones si el Gobierno envía decretos leyes, a lo que está facultado por la Constitución siempre que concurra "urgente o extraordinaria necesidad".

Pastor, en una entrevista radiofónica ayer en la Cope, fue crítica con esta decisión del Ejecutivo de dictar decretos leyes incluso en periodo electoral, ya que percibe en ellos un "uso partidista de las instituciones".