La Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (Aspronte) espera con preocupación el desenlace de un proceso judicial que amenaza con el derribo parcial del centro comarcal que tienen cedido en uso en la urbanización de Las Cuevas, en La Orotava. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia firme, contra la que no cabe recurso, que reconoce la ilegalidad parcial de la obra ejecutada con financiación de los tres ayuntamientos del Valle de La Orotava y el Cabildo de Tenerife. Confirmados los incumplimientos urbanísticos en materia de alturas y retranqueos, a Aspronte sólo le queda esperar que el TSJC acepte los últimos argumentos del Ayuntamiento villero, ya trasladados al TSJC, y considere legalizado el inmueble.

El gerente de Aspronte, Antonio Fuentes, señaló ayer a EL DÍA que las familias de los 60 discapacitados intelectuales, algunos también con problemas físicos, que atiende este centro "modélico", viven con "gran preocupación la amenaza de derribo". Fuentes recalca que "tanto Aspronte como las familias de los usuarios han sufrido un disgusto muy grande, pero ahora no nos queda otra que confiar y esperar un desenlace positivo".

El Ayuntamiento villero ya ha garantizado a Aspronte que buscará un centro alternativo para que los 60 usuarios no se queden sin terapias "si finalmente hay que ejecutar alguna obra de derribo de la parte donde está el gabinete psicosocial, la recepción y la rampa de acceso". A pesar de que existe ese compromiso, Antonio Fuentes subraya que "cualquier traslado sería un parche muy malo para este centro, puesto que en la actualidad está dotado de todo lo que necesitamos y cualquier alternativa podría no ser más que una guardería temporal".

"En el centro de Las Cuevas contamos con baños adaptados, ascensor, comedor, talleres, aula de psicomotricidad... unos recursos que difícilmente podrían prepararse en una ubicación de emergencia", señala Fuentes.

El centro de Aspronte comenzó a construirse en febrero de 2003 y poco después fue denunciado por cuatro vecinos de Las Cuevas que consideraban que el inmueble incumplía la normativa urbanística por contar con una altura más de lo permitido y no respetar el retranqueo en la Urbanización de Villas del Pinalito, en Las Cuevas.

Fuentes de estos vecinos declararon recientemente a EL DÍA que "la obra del centro de Aspronte fue denunciada antes de que se colocara la primera piedra, porque incumplía el planeamiento urbanístico y existían informes de técnicos municipales que así lo advertían. Sin embargo, el gobierno de CC decidió seguir adelante, a pesar de la denuncia, y fue perdiendo en todas las instancias judiciales. A pesar de que se acumularon las sentencias negativas, el Ayuntamiento de La Orotava siguió recurriendo hasta el Tribunal Supremo, lo que ha causado a los denunciantes un importante perjuicio económico".

Este centro costó unos 471.000 euros y fue sufragado por el Cabildo, que aportó 195.000 euros, y los tres ayuntamientos del Valle, que aportaron 60.000 euros cada uno.

El gobierno villero (CC) confía en que un acuerdo plenario de urgencia, aprobado en la última sesión, sirva para legalizar la planta de más objeto de litigio. Sin embargo, no son tan optimistas respecto a la posibilidad de evitar el derribo parcial para adaptar el inmueble al retranqueo vigente en la zona, que se incumple en unos tres metros.