La plantilla de trabajadores de Ródano Tenerife del Puerto de la Cruz prorrogan la huelga hasta el jueves, día 7 de los corrientes, fecha en la que se prevé su reincorporación a sus ocupaciones, según ha indicado el representante de la Intersindical Canaria, Vicente Quintero. El paro, que ha sido secundado hasta ahora, se tenía que haber desconvocado ayer, pero, según han indicado fuentes sindicales, la jornada del lunes se había dado como descanso.

Los trabajadores están convocados a la nueve de la mañana de hoy, junto con el comité de empresa y representación sindical, a una reunión con el alcalde de la ciudad turística, Marcos Brito Gutiérrez. En este encuentro se le expondrá el paquete de reivindicaciones económicas ante lo que se ha calificado como "una situación de emergencia social".

Los trabajadores plantearan dos líneas de actuación, una la del adelanto del importe de los salarios y paga extra de Navidad pendientes de abonar, y el rescate de la concesión administrativa del negocio de restauración y hostelería de Pamarsa.

Entre las fórmulas que se pondrán sobre la mesa en la reunión de hoy, sobresale el anticipo del dinero adeudado en concepto de sueldos, a través del pago de los tres millones de euros que se le deben a la empresa concesionaria, para que ésta pueda hacer frente a sus obligaciones de forma transitoria y paliar lo que ya se convierte en un drama social entre las familias afectadas.

Los trabajadores insisten en la necesidad de que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz considere seriamente el rescate del negocio hostelero de Pamarsa, ante "las escasas expectativas de futuro que se plantean con la actual empresa".

La corporación de la ciudad turística sacó a concurso público la gestión de parte del negocio de Pamarsa, como medida para hacer frente a la delicada situación que se encontraba la sociedad, prácticamente en quiebra técnica, y porque la misma había sido concebida en su día para la construcción y explotación del futuro parque marítimo municipal. El negocio hostelero pasó a manos privadas con un canon de 9 millones de euros por un período de 15 años, con el compromiso de asumir la plantilla que formaba de Pamarsa, y, por ende del ayuntamiento. Sólo quedó en manos públicas la explotación y gestión de los aparcamientos.