El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó ayer, con los votos favorables de CC y PP, la abstención de Jaime Coello y la oposición del PSOE, el dictamen de desalojo de los locales comerciales de la estación de guaguas por imperativo de la Inspección de Trabajo, que así lo determinó en su momento, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que señala que es conforme a derecho la medida porque se da la circunstancia de que había expirado hace nueve años la concesión de los mismos. Los ocho expedientes de desahucio de los citados locales comerciales y el debate sobre el alza en un 2,7% del precio unitario del agua contratado con Aqualia fueron los asuntos más polémicos y enconados de una sesión marcada por el calor reinante en el salón noble, donde ni siquiera los abanicos eran capaces de rebajar la temperatura ambiente.

El alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito, explicó que "la Estación de Guaguas está cerrada por imperativo de la Inspección de Trabajo, y que ha acarreado la adopción de unas medidas sobre unos locales que quedaron en precarios. Aquí ha habido un expediente claro y transparente". Aclaró que se negocia un nuevo proyecto para la estación de guaguas y denunció las mentiras y falsedades sobre la gestión del desalojo de los locales.

La concejala de Hacienda, Sandra Rodríguez, apuntó que "el desalojo de los locales de la estación de guaguas está justificado por la necesidad de acometer las obras de rehabilitación del edificio. Recordó que nada más transcurrido un mes de la llegada del nuevo gobierno municipal, la Dirección General de Trabajo dispuso el cese de toda actividad en la citada estación, lo que obligó a emprender los requerimientos de desalojo, tras haber fracasado los recursos interpuestos. También aludió a las sucesivas prórrogas concedidas a los adjudicatarios para encontrar una alternativa al cierre de los locales.

La portavoz adjunta del PSOE, María Jesús Ferrer, expresó sus discrepancias con el alcalde y la concejala nacionalistas sobre la gestión del desalojo de los locales y advirtió de que la orden de la Inspección de Trabajo no se refiere a los citados locales, sino al conjunto de la estación de guaguas. Lamentó que en tiempos de crisis no se haya buscado una alternativa o que los comerciantes pudieran continuar sus negocios hasta que se iniciaran las obras.

¿Precio unitario o tarifa?

El debate sobre la modificación al alza en un 2,7% el precio unitario del servicio de abastecimiento de agua potable que presta la concesionaria Aqualia correspondiente al pasado ejercicio destapó la caja de los truenos en una sesión que se las prometía felices, dada la tranquilidad con la que hasta el momento discurría. El concejal socialista Domingo Yanes sugirió que el ayuntamiento tomara ejemplo del de La Laguna, que congeló los precios por abastecimiento de agua, y que no subiera la tarifa de agua, por entender que hay muchas familias que debido a la crisis no pueden hacer frente a los recibos por tal concepto. La edil de Hacienda, Sandra Rodríguez (CC), aclaró al socialista que una cosa es el precio unitario y otra la tarifa y negó que la revisión del coste unitario repercuta en los usuarios. "Lo que usted propone no viene a cuento porque no estamos subiendo el precio del agua para el ciudadano, estamos reconociendo un pliego de condiciones que se aprobó en un mandato socialista, que vende duros a cuatro pesetas, y este ayuntamiento empieza a tener déficit con un concesionario tan fuerte como Aqualia, siendo además un servicio que tenía superávit. Sin embargo, desde ese momento empezó a generar déficit continuado. Nos encontramos en la revisión obligatoria que este ayuntamiento debe efectuar sobre el coste unitario porque figura en el articulado del pliego de condiciones y es un derecho del concesionario que esta administración no se puede saltar bajo ningún concepto". Rodríguez abundó en que la revisión del coste unitario va en contra de las arcas municipales, y no contra los ciudadanos del Puerto de la Cruz, y recalcó que no se trata de la revisión de la tarifa que se cobra al usuario. El edil Domingo Yanes le replicó que ese costo unitario puede repercutir en la tarifa y citó como ejemplo que con una negociación con Aqualia se podría evitar esa subida. Por su parte, el alcalde, Marcos Brito, atribuyó el precio unitario del agua a un pliego de condiciones leonino para este ayuntamiento, causa del déficit estructural.