El gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz responsabiliza a los empleados públicos de poner en peligro sus nóminas con su rechazo a las medidas económicas extraordinarias, que solo implica la suspensión provisional de los conceptos extrasalariales y no una reducción de sueldos. Los tenientes de alcalde-delegados de Hacienda y Recursos Humanos, Sandra Rodríguez (CC) y Luis Miguel Rodríguez (PP), comparecieron ayer en una rueda de prensa, en la que contradijeron las versiones dadas durante casi dos meses de conflicto desde que se denunciaron el acuerdo de los funcionarios y el convenio colectivo de los trabajadores.

El responsable de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, aseguró que "antes de la aprobación de las medidas económicas extraordinarias convocamos a los representantes de los funcionarios y de los trabajadores los días 22 y 27 de diciembre, y en ambos casos nos dieron el plante. No se sentaron a negociar esas medidas previas que se iban a presentar en el pleno de la corporación del 29 de ese mismo mes".

Precisó que "las medidas económicas, que tendrán carácter transitorio, no implican la reducción de sueldos, como se ha dicho, por parte de la junta de personal y del comité de empresa, sino la supresión de los pluses y complementos extrasalariales, tales como los pluses de toxicidad, peligrosidad, penosidad, transporte, quebranto de moneda, poda de árboles, formación, desgaste de herramientas, reproducción de documentos, delineación y archivo de planos, trabajos en alturas superiores a tres metros, ayudas al estudio, préstamos a viviendas, premios de nupcialidad y natalidad, garantizado de jubilación, manutención alimentaria de los trabajadores del Lago Martiánez, cuatro pagas y horas extraordinarias, guardias del servicio eléctrico, productividades, pagos en casos de baja temporal, bolsa de vacaciones, nocturnidad, ayudas por hijos, anticipos reintegrables, ayudas por hijos discapacitados, liberación por horas sindicales, premios de permanencia y de 25 años por servicios prestados, productividades por cajas fijas y un horario de 8:00 a las 14:00 horas.

El área de Recursos Humanos ofreció unas cifras bastante diferentes, a la baja, sobre la incidencia de los paros parciales y de la manifestación de trabajadores y funcionarios. En cuanto al seguimiento de la huelga, el primer día se situó en torno a los 149 empleados públicos, de los 435 de la plantilla (34,2%); el segundo paro afectó a 134 personas (30,8%) y el tercer día de paro fueron a la huelga 129 trabajadores (29,65%). La manifestación fue seguida por 220 personas, según informe de la Policía Local, una cifra que dista mucho de la de 800 o 700 personas facilitada por la organización.

La primera teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Sandra Rodríguez, puso de relieve que "ya en el mes de noviembre de 2009, escasamente un mes después de tomar posesión el actual Grupo de Gobierno, se les comunicó a los representantes de los trabajadores la preocupación existente por la situación económica de las arcas municipales, todo merced a un informe realizado por la Intervención General que desvelaba que el 67 por ciento del presupuesto consolidado se estaba destinando al capítulo número uno del presupuesto, referente al gasto de personal".

La responsable de Economía y Hacienda añadió que "mantener los puestos de trabajo de los 435 empleados públicos municipales es el objetivo prioritario de este equipo de gobierno, pero no pensamos en recurrir a expediente de regulación de empleo, aunque parece que más de un sindicalista lo prefiere antes de que se vea afectado su salario mensual".