El Ayuntamiento de Tacoronte saldará todas sus deudas con proveedores antes del día 30 de este mes. El alcalde tacorontero, Álvaro Dávila (CC), confirmó ayer a EL DÍA que su consistorio abonará este mes los 172.000 euros de facturas anteriores a 31 de diciembre de 2011, "por lo que no será necesario elaborar el plan de pago que se prevé en el decreto del Gobierno de España de abono de facturas a proveedores, ya que nuestra deuda con empresas y autónomos estará a cero".
Para Dávila es "una satisfacción" que el consistorio no tenga que solicitar un crédito ni elaborar un plan de pago de deudas. "En los meses de noviembre y diciembre ya hicimos un gran esfuerzo para saldar muchas facturas antiguas que estaban pendientes de pago". Algunas tan cuantiosas como una de 300.000 euros que se debía a Gestur.
A su juicio, "el esfuerzo por ponernos al día en los pagos ha valido la pena".
"Una vez hagamos frente a estas últimas facturas nos quedaremos al día y solo tendremos pendiente la deuda bancaria", recalcó Dávila. El Consistorio de Tacoronte debe a los bancos un total de 3.148.000 euros. Una deuda inferior a la de ayuntamientos como Buenavista, con 5 millones, o La Orotava, con unos 14 millones.
Esta deuda bancaria de 3,1 millones es asumible para un consistorio que maneja un presupuesto anual de 15 millones. Sus cuentas destinan 2,6 millones a gasto social, 490.000 euros a inversión, 4,1 millones a gasto corriente y la partida más cuantiosa, de 6,9 millones, a gastos de personal. La mayor parte de los ingresos, 7,9 millones, provienen de los gobiernos central, autonómico e insular. Los ingresos propios suman 5,3 millones y las tasas e impuestos generan 1,7 millones.
El actual mandatario lamenta que, aunque la deuda bancaria no es tan elevada como en otros municipios, "el importante volumen de los pagos a los bancos sí nos impide contar con más dinero para realizar inversiones y poder generar más empleo en la localidad".
El objetivo del gobierno CC-PSC es, según el alcalde, no generar nueva deuda con proveedores en lo que queda de mandato: "Nuestra intención es cumplir a rajatabla la obligación de pagar como máximo a 50 días. Con el objetivo de ni siquiera alcanzar ese tope en la mayoría de los casos".
"Queremos pagar a tiempo por los servicios y trabajos que se hagan. No queremos ahogar a las pequeñas y medianas empresas", sentenció Dávila.