El Ayuntamiento de Tacoronte y el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife firmaron ayer, jueves, un convenio de colaboración en materia de animales de compañía.

El acuerdo permitirá el desarrollo de acciones de censo, control, sanidad, seguridad y protección de los animales en el ámbito municipal.

Además, con dicho acuerdo, el municipio norteño pasa a tener censados y controlados 9.671 animales, la mayoría de ellos perros. De estos, 249 son animales de razas consideradas potencialmente peligrosas.

La firma del documento supone un avance significativo en la gestión y mantenimiento del censo de animales de compañía de Tacoronte, y su empleo como una nueva herramienta útil para el cumplimiento eficaz de las competencias municipales en materia de protección de animales y seguridad para las personas, sobre todo en el ámbito de los animales potencialmente peligrosos (APP).

En la firma del convenio estuvieron presentes el alcalde, el nacionalista Álvaro Dávila, y el presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia, Jorge de Miguel.

Esta colaboración comienza por la actualización del censo y la puesta en marcha de programas tales como el de recuperación de animales extraviados y campañas de información y difusión sobre tenencia, identificación y cuidado de animales potencialmente peligrosos. Se trata de una formación que se trasladará a la Policía Local, los centros educativos y colectivos vecinales.

Además, se pretende dotar a la Policía Local de lectores de microchips con los que poder identificar a los animales, labor que en la actualidad se realiza a través de los veterinarios, además de formar a los funcionarios en su uso y el cumplimiento de la normativa a los propietarios.

Duras sanciones

Tanto el consistorio como el Colegio de Veterinarios hacen especial hincapié en las medidas de seguridad que deben tomar los propietarios con las razas caninas consideradas potencialmente peligrosas, pues según recuerda el ayuntamiento, la tenencia de este tipo de animales requiere de una licencia municipal especial. En este sentido, remarca que incumplir la normativa conlleva posibles multas de hasta 15.000 euros.