La deuda de 3.289.836 euros que mantiene la Cooperativa Mararía con la Seguridad Social bloqueó ayer la adjudicación definitiva del servicio de ayuda a domicilio en La Orotava. La Corporación municipal se vio obligada ayer a retirar del orden del día del pleno el acuerdo para la concesión de este servicio a la empresa Clece, ya que la Seguridad Social reclama ahora al ayuntamiento 301.554 euros de la deuda generada por Mararía, actual concesionaria.

El secretario del consistorio solicitó a todos los grupos que dejaran sobre la mesa la adjudicación de este contrato hasta aclarar qué pasará con el embargo imputado de forma solidaria al ayuntamiento.

La concejala de Servicios Sociales del Consistorio villero, Belén González (CC), aclaró que el servicio de ayuda a domicilio "se seguirá prestando con normalidad por parte de la empresa Mararía, con la salvedad de que los pagos a la cooperativa serán embargados por la Seguridad Social".

González reconoció que la reclamación de la Seguridad Social cogió por sorpresa al consistorio: "Mararía no ha sido transparente con este ayuntamiento y la verdad es que nos sentimos engañados. Hace muy poco dijeron que no habría ningún tipo de problema y ahora resulta que nos endosan parte de la deuda generada en Santa Cruz de Tenerife".

La edil recalcó que "el Ayuntamiento de La Orotava está al corriente de los pagos a Mararía, empresa que lleva prestando el servicio más de diez años".

En el pleno de ayer se aprobaron por unanimidad 27 de los 41 asuntos tratados. Todos los grupos apoyaron una propuesta del PSC para pedir al Cabildo la mejora de las carreteras insulares del municipio. Se rechazó una moción del mismo partido que pedía convertir en parque recreativo y merendero el recinto donde se ubica la feria de ganado, pero sin perder su uso tradicional durante las fiestas patronales.

IpO no irá a procesiones

Los ediles de IpO se quedaron solos en la defensa de una propuesta para que el ayuntamiento acordara no estar presente, ni como institución ni a través de sus representantes públicos, en cualquier tipo de manifestación religiosa. Ni CC ni PSC ni PP consideraron procedente que se vetara la participación del alcalde y de los concejales, "como representantes del ayuntamiento", en actos como misas o procesiones. IpO anunció que, por decisión de su asamblea, sus ediles no acudirán a actos religiosos, "excepto a título personal".