La denuncia presentada por la oposición socialista en La Victoria contra todo el gobierno actual (CC-PP) por supuestas contrataciones ilegales copia en gran parte, sobre todo al principio, la que originó la imputación de la alcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), y su socio, Víctor Hernández (PSOE), por presunta prevaricación. Aunque se alude también a un supuesto delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, el argumentario es casi calcado y se fundamenta en los llamados "falsos autónomos", el empleo inadecuado de empresas de trabajo temporal, la reiteración de facturas por la misma labor y todo sin los pertinentes concursos o saltándose listas previas.
