Juan José González Álvarez es un niño de diez años, vecino de Buenavista del Norte, que nació con el síndrome de Apert, una enfermedad que solo afecta a entre 1 y 6 de cada 100.000 recién nacidos. En 2007, su familia solicitó una ayuda con cargo a la Ley de Dependencia, concedida un año después por su situación de "gran dependencia en grado tres y nivel uno". A partir de entonces, este niño de El Palmar, que ha pasado más de 30 veces por el quirófano, recibió una ayuda económica de apenas 354 euros al mes. Y la recibió hasta que la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias decidió revisar de oficio su grado de dependencia, retirarle la única ayuda económica que recibía y reclamarle, además, que devuelva 251 euros.
El Gobierno de Canarias considera que este niño, con un 67% de discapacidad reconocida, ha pasado a una situación de "dependencia moderada en grado uno" y que, por lo tanto, ya no tiene derecho a recibir la pequeña ayuda económica que se le reconoció cuando apenas tenía tres años. La paga era pequeña, pero en su hogar esos 354 euros mensuales eran casi la mitad de los ingresos familiares.
Juan José González y Emelina Álvarez son los progenitores de Juanito. Aseguran que su único ingreso en la actualidad es la pensión de invalidez de 451 euros que recibe el padre. Por lo que la decisión del Gobierno de Canarias los sume, directamente, en la pobreza.
Emelina Álvarez lamenta que el Gobierno de Canarias "diga ahora que mi hijo está bien y no necesita ayuda, cuando la realidad es que este mes tiene que volver a operarse; duerme con oxígeno porque sufre apnea severa; se está quedando sordo; sufre un grave estrabismo y apenas ve de un ojo; tiene graves problemas de movilidad en sus dedos, que han sido reconstruidos quirúrgicamente, y necesita nuestra ayuda para asearse, comer, lavarse los dientes, sonarse o, simplemente, limpiarse después de ir al baño".
Su padre asegura que la técnico del Gobierno de Canarias que revisó el grado de dependencia de su hijo "lo valoró en apenas 10 minutos".
Esta familia insiste en que lo único que piden es que se respete el derecho que ya tenía reconocido el niño y que ahora no les hagan pasar de nuevo por el calvario de revisar su grado de dependencia y volver a solicitar una ayuda que ya tenían.
El Ayuntamiento de Buenavista no comparte la decisión del Gobierno de Canarias y ha tramitado una solicitud de revisión del caso. El consejero insular de Asuntos Sociales y exalcalde de Buenavista, Aurelio Abreu (PSOE), también se ha interesado por el caso y hoy tiene previsto reunirse con Inés Rojas (CC) para pedir que se reconsidere la decisión tomada.