Las aguas siguen turbias en el Puerto de la Cruz. La ciudad turística afronta desde el pasado 28 de febrero la cuarta restricción en el consumo de agua de la red de abastecimiento público en los últimos 14 meses. En cuatro ocasiones, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha tenido que recomendar a los 14.000 residentes en siete barrios portuenses que no usen el agua del grifo ni para beber ni para preparar alimentos. ¿La razón? Exceso de turbidez y presencia de microorganismos.
El Área de Salud de Tenerife tiene claro que la solución al problema del agua en las zonas que se abastecen del depósito de Mar Dulce pasa por mejorar la calibración del turbidímetro ya instalado y, especialmente, por colocar nuevos filtros, que son obligatorios por ley, para reducir la turbidez.
El coste de estos filtros asciende a 480.000 euros y el ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, no se ponen de acuerdo respecto a quién debe asumir esa inversión. También discrepan sobre la financiación de la obra para reparar el depósito de La Vera, inutilizado desde hace casi dos años. De momento, el Gobierno portuense ha anunciado que asumirá la obra de los nuevos filtros, que podrían ponerse en funcionamiento entre mayo y junio. Luego tocaría reclamar a Aqualia.
En la última restricción, Aqualia y el Ayuntamiento portuense han vuelto a cometer errores del pasado, tanto en la difusión de la información como en las medidas para paliar el problema. Los ya típicos bidones con agua potable volvieron a llegar tarde a los barrios y se instalaron después de una semana sin servicio.
Los residentes en los barrios de Las Dehesas, La Vera, Las Águilas, San Antonio-Esquilón, Las Arenas, San Fernando y Taoro-Malpaís están hartos de los reiterados problemas en este servicio básico, y de los costes que les ocasionan. Por eso, cinco asociaciones de vecinos acordaron concentrarse el día 27 en el exterior de la sede de Aqualia, a partir de las 11:00 horas, y manifestarse por las calles del municipio el sábado día 29, a partir de las 12:00 horas, desde la sede de esta empresa hasta el ayuntamiento. Toda la oposición (PSOE, VxP-SSP e IUC) apoya las protestas vecinales y, además, anuncia nuevas medidas de presión.
IUC y los socialistas han presentado quejas ante del Diputado del Común, mientras que VxP-SSP reclama la realización de una auditoría a Aqualia y amenaza con acudir a los tribunales si el ayuntamiento no reclama a la empresa que asuma el coste de los filtros que hay que instalar en el depósito de Mar Dulce, así como la reparación del depósito de La Vera, clausurado desde abril de 2012.