El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aparcó ayer, por un momento, la bronca y la crispación para aprobar por unanimidad que Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, mejore la información pública que ofrece sobre las restricciones en el consumo de agua en la localidad. En la misma sesión, el gobierno CC-PP eludió dar nuevos datos sobre las medidas para acabar con la restricción en el consumo de agua que dura ya 19 días y afecta a 14.000 vecinos de siete barrios.

CC, PP, PSOE e IUC respaldaron, contra pronóstico, una moción de Vecinos por el Puerto (VxP) que pide a Aqualia que incluya en las facturas que envía a los vecinos del Puerto de la Cruz la información sobre restricciones o limitaciones en el uso del agua que se encuentren vigentes en el momento de su emisión, "con concreción de las zonas afectadas, la descripción de la delimitación de calles y un plano explicativo". Además, esa información deberá incluirse traducida, al menos, a dos idiomas: inglés y alemán.

También se requiere a la empresa que, "con carácter inmediato", incluya en un lugar destacado de su web informativa todos los datos citados anteriormente. Esa información también aparecerá en la página web municipal (www.puertodelacruz.es).

El acuerdo, que había sido desestimado por CC y PP en la comisión informativa previa, llegó después del debate de otras dos mociones relacionadas con la crisis del agua. CC y PP rechazaron una iniciativa de VxP que pedía a Aqualia que modificara el sistema de emergencia para el abastecimiento de agua. La propuesta era cambiar los cinco depósitos actuales por una ruta con horarios y puntos predeterminados para abastecer a los vecinos mediante camiones cisterna.

VxP criticó las condiciones de conservación y seguridad de los depósitos actuales, "que no tienen vigilancia", y la ubicación del grifo, "a apenas 30 centímetros del suelo y al alcance de animales".

Nacionalistas y populares rechazaron otra moción que pedía la contratación urgente de una auditoría externa sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales derivadas de la concesión del servicio de abastecimiento de agua. El argumento para rechazar esta petición es que esa auditoría "ya está en marcha", según indicó el alcalde.

El gobierno portuense volvió a perder ayer una oportunidad para explicar a los vecinos, y a los medios de comunicación, qué gestiones han realizado hasta la fecha y detallar sus planes para resolver unos problemas que en los últimos 14 meses han causado cuatro restricciones de Salud Pública.

El alcalde portuense, Marcos Brito (CC), defendió la política informativa del gobierno en esta crisis del abastecimiento de agua y aseguró que "cuando tengamos el problema resuelto al cien por cien, daremos información sobre nuestras gestiones y daremos la cara ante nuestros vecinos".