El grupo de gobierno CC-PP en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz espera que la restricción en el consumo de agua de la red pública que afecta a 14.000 vecinos de siete barrios de la ciudad desde hace 20 días "se levante la próxima semana", según indicó ayer a EL DÍA el edil de Concesiones Administrativas, Lope Afonso (PP).

El concejal reconoce que los filtros que se deben instalar en el depósito de Mar Dulce para acabar con el problema que afecta a estos barrios "aún tardarán unos cuatro meses en ponerse en uso". Sin embargo, aclara que no habrá que esperar tanto tiempo para que los vecinos afectados por la cuarta restricción en el consumo de agua en los últimos 14 meses puedan utilizar el agua de la red pública para beber y cocinar.

"No se puede dar por seguro, pero por la información que tenemos es posible que la restricción termine la próxima semana. Eso sí, estamos a expensas de la actuación de Aqualia y de que Salud Pública dé el visto bueno", matiza.

Fuentes municipales han confirmado a EL DÍA que Salud Pública ha requerido a Aqualia la instalación de turbidímetros adicionales en el depósito de Mar Dulce, que está previsto que lleguen desde Alemania en unos días. Cuando se instalen, la previsión es que el problema de turbidez quede controlado hasta la instalación definitiva de los filtros.

Afonso recalca que con los filtros, "Salud Pública estima que se garantizará la calidad del agua en un 90%, y un grado de turbidez dentro de la norma".

Respecto a la financiación de los filtros para Mar Dulce y la reparación del depósito clausurado en La Vera, Afonso afirma que "según el informe técnico aprobado en junta de gobierno, Aqualia debe pagar la reparación del depósito de La Vera y, en el caso de los filtros, si se demuestra que la actuación causa un desequilibrio económico en la concesión, habrá que compartir los costes entre el ayuntamiento y la empresa".

El Cabildo insular ha intervenido para evitar que el ayuntamiento se encuentre con dificultades para asumir el coste de estas actuaciones, en el caso de que ese informe sea rebatido por el Consejo Consultivo o una sentencia.

"Ya hemos garantizado, a través del Plan de Cooperación Municipal, la financiación de gran parte de las obras, para que, llegado el caso, no haya un desequilibrio de las cuentas", señala Afonso. A su juicio, "ahora tenemos la tranquilidad absoluta de que, en el peor de los escenarios, que sería que tuviéramos que pagar las obras, ya existe consignación presupuestaria para hacerle frente".

Cuando se cumplen 20 días de restricción en el consumo de agua en siete barrios, el gobierno local (CC-PP) hace balance de sus gestiones; niega pasividad; subraya que mantiene abiertos dos expedientes informativos y uno sancionador a Aqualia, y califica de "rotundamente falso" que defienda intereses privados.

El gobierno defiende su labor y afirma que hace "todo lo posible" para conseguir "el objetivo prioritario, que es resolver el problema que afecta a los vecinos". Lamenta el "irresponsable papel de parte de la oposición, que ha dejado claro que su prioridad no era solucionar el problema, sino sacar rédito político".