Unas 500 personas se manifestaron ayer por las calles del Puerto de la Cruz para mostrar su indignación después de que 14.000 vecinos de siete barrios lleven ya 31 días sin recibir agua potable en sus viviendas y negocios. La protesta, que comenzó con 200 asistentes y concluyó con medio millar -según la Policía Local-, reclamó compensaciones para los afectados y el restablecimiento de este servicio básico con cánticos como "¡el agua potable no es negociable!"; "¡Aqualia paga, el pueblo lo reclama!" o "¡manos arriba, esto es un atraco!". Apenas un 3,5% del total de afectados participó en la manifestación.
La marcha, que transcurrió sin incidentes, fue convocada por la Plataforma de Afectados por Aqualia. Este colectivo hizo llegar al gobierno local (CC-PP) un manifiesto con varias reivindicaciones que, por ahora, no han sido aceptadas. Reclamaron "soluciones rápidas" cuyo coste "debe asumir Aqualia".
Durante la protesta se escucharon pitos, garrafas llenas de tierra y muchos cánticos. Aqualia y el alcalde, Marcos Brito (CC), fueron los principales objetivos de consignas como: "¡Alcalde, escucha, el pueblo está en la lucha!"; "¡nuestro alcalde es un irresponsable!"; "¡esos bidones no son soluciones!"; "¡el agua no es pura, no me cobren las facturas!", o "¡Aqualia, mamón, queremos solución!". La marcha contó con la asistencia de ediles de PSOE, VxP e IUC, y el apoyo de ANC y Los Verdes.
En una rueda de prensa posterior a la protesta, CC y PP anunciaron que los turbidímetros que pedía Salud Pública ya están instalados y que en unos días se podrán comprobar sus resultados. Se espera que la próxima semana sea clave para determinar si la restricción puede levantarse con esta y otras medidas complementarias o, por el contrario, se mantendrá hasta que se instalen los filtros definitivos, que aún tardarán cuatro meses.