La Plataforma de Afectados por Aqualia en el Puerto de la Cruz intervino en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento portuense para mostrar su indignación después de 60 días de restricción en el consumo de agua en siete barrios, con 14.000 vecinos afectados, y solicitar medidas contundentes como el rescate de la concesión del servicio de abastecimiento de agua.
Salvatore Cibelli, uno de los portavoces de la citada plataforma, fue el encargado de dar lectura a un comunicado de los vecinos, que reiteraron cuatro demandas: la celebración de un encuentro informativo con representantes del consistorio, Salud Pública, Cabildo y Aqualia "para informar la ciudadano y consensuar un protocolo de actuación" ante situaciones como la actual; que la Concejalía de Consumo cree una oficina de afectados para informar a los afectados y tramitar sus reclamaciones por daños y perjuicios; que se busque la forma de indemnizar a los afectados, y que se rescate la concesión.
Cibelli recordó que "mientras el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz solo ha propuesto una sanción de 12.000 euros a Aqualia, que parece una tomadura de pelo, el Ayuntamiento de Candelaria ha planteado la rescisión del contrato con Aqualia por motivos menos graves". Insistió en la necesidad de que se realice una auditoría de la "mala gestión" de la empresa, y subrayó que a los afectados "no les queda otra que emprender acciones legales".
La intervención de Cibelli se produjo al inicio de la sesión, después de que el alcalde, Marcos Brito (CC), aceptara adelantar el debate del punto 21 del orden del día, una propuesta conjunta de VxP e IUC. La moción del grupo mixto planteaba la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la concesión para aclarar dudas, y proponía que estuvieran presentes miembros del consistorio, Consejo Insular de Aguas, Salud Pública y la Plataforma de Afectados.
El gobierno local (CC-PP) planteó una enmienda a la totalidad de la propuesta, y sin alterar el fondo de la cuestión, propuso la convocatoria urgente de una nueva comisión de seguimiento de la concesión, en la que participen miembros del gobierno local y de Aqualia y de "otras entidades públicas y privadas, previo consenso de la corporación municipal". La enmienda salió adelante con los votos de CC y PP.
Brito respondió a Cibelli que "podrá haber miembros de la plataforma que hayan trabajado para resolver el problema, pero nunca más que los miembros de este gobierno". Además, reiteró que el agua "está cumpliendo" los parámetros de turbidez.
Ante las críticas de VxP y PSOE, el edil de Concesiones Administrativas Lope Afonso (PP) rechazó las acusaciones de connivencia con Aqualia y recordó que su gobierno es "el único que ha abierto expedientes informativos y sancionadores a Aqualia" desde 1991.