El exalcalde de La Victoria Manuel Correa (PSOE) asegura a EL DÍA que "durante un año" advirtió al grupo de gobierno (CC-PP) de la ilegalidad de varios contratos que realizó. El 25 de septiembre de 2013, Correa compareció ante la Fiscalía para informar de las contrataciones públicas que consideraba irregulares y, el 29 de abril de 2014, la Fiscalía Provincial interpuso denuncia contra el actual alcalde, Haroldo Martín (CC), porque "existen indicios racionales de la comisión de un posible delito continuado de prevaricación".
Manuel Correa asegura que no cree en "la judicialización de la política", pero insiste en que advirtió "sin éxito" al alcalde de la improcedencia de las contrataciones: "La ley está para respetarla de forma escrupulosa; de lo contrario, entramos en un juego en el que todo vale". El político socialista asegura que nunca antes había acudido a un juzgado a informar de nada, "a pesar de que desde 1996, cuando empecé en política, no he parado de recibir denuncias de mis rivales políticos. Solo en el año 2012 me pusieron cinco denuncias". "Solo tengo pendiente el caso del edificio Palenzuela, de resto, todo ha sido archivado. Haroldo Martín ha sido uno de los que más han potenciado la práctica de llevar la política a los juzgados", recalcó Correa. La Fiscalía detalla en su denuncia, a la que tuvo acceso EL DÍA, que recibió toda la información solicitada al ayuntamiento en marzo de 2014: "Una vez examinado el contenido de la documentación se desprende la existencia de irregularidades en la contratación de personal al servicio de la corporación local pues, como manifiesta el denunciante y ha podido comprobar la Fiscalía, no existe un expediente de contratación relativo a determinados empleados públicos". El Ministerio Público determina que 4 empleados "han prestado sus servicios profesionales en el ayuntamiento sin que se haya tramitado expediente administrativo de contratación". El fiscal estima que el alcalde realizó "las contrataciones denunciadas prescindiendo de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, apartándose conscientemente de la legalidad vigente y generando con ello una situación claramente injusta en la medida que impedía u obstaculizaba el acceso de los ciudadanos a la función pública en el ayuntamiento". El fiscal pide al Juzgado que cite a Correa para que ratifique su denuncia; a los trabajadores contratados y a varios técnicos para que testifiquen, y a Haroldo Martín para que declare en condición de imputado.