Felipe Campos, el abogado que defiende los intereses del exalcalde de Tacoronte Rodolfo León y del resto de concejales expulsados del PSOE por apoyar la moción de censura contra Álvaro Dávila (CC), aseguró ayer a EL DÍA que la providencia del día 23 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el recurso contra la anulación de la censura demuestra que "no hay duda de que Álvaro Dávila es un alcalde inconstitucional".
"El TSJC entiende que la norma que devolvió la Alcaldía a Dávila (concretamente el apartado a) del artículo 197.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General) puede ser inconstitucional", recalca Campos. El letrado muestra su satisfacción porque considera que el TSJC les ha dado la razón, pero subraya que si finalmente se presenta una cuestión de inconstitucionalidad sobre este artículo de la LOREG, "Dávila seguirá siendo alcalde hasta el final del mandato".
"Si esa cuestión de inconstitucionalidad se hubiera planteado en primera instancia, Rodolfo León seguiría siendo el alcalde de Tacoronte; pero si se plantea ahora, en segunda instancia, el alcalde seguirá siendo Álvaro Dávila", lamenta el abogado.
"Lo que está claro es que Dávila es alcalde gracias a una normativa que el TSJC considera inconstitucional, por lo tanto, la situación es gravísima", concluye.
A su juicio, "la Justicia nos viene a dar la razón, pero se convierte en injusta si deja a Dávila en la Alcaldía. Por eso vamos a intentar que, en los diez días que hay de plazo para presentar alegaciones, el TSJC cambie de idea y resuelva sin plantear una cuestión de inconstitucionalidad, ya que consideramos que hay margen suficiente para interpretar esa norma de acuerdo con la Constitución".
"Lo que no puede ser es que haya un alcalde sostenido por una normativa inconstitucional, que encima representa a la minoría. Hay que buscar una solución. El alcalde constitucional es Rodolfo León", plantea.
El abogado de los ediles expulsados del PSOE intentará que el TSJC resuelva sobre el asunto y no presente la cuestión de inconstitucionalidad, ya que el fallo definitivo "tardaría años".