El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, manifestó ayer que tiene previsto solicitar un informe jurídico para saber cómo tiene que actuar cuando se produzca el desalojo de su vivienda de Antonio y Berta dentro de un mes y medio. El asesoramiento será pedido por el regidor después de que la Plataforma de apoyo a ambos mayores le pidiera que realice un ejercicio de "objeción de conciencia" y no ordene a los agentes de la Policía Local realizar el auxilio a la Comisión Judicial que debe hacer efectiva la sentencia de desahucio.
Álvaro Dávila reconoce que debe asesorarse de una manera adecuada para no incurrir con sus actos en un caso de desacato a la autoridad judicial o de prevaricación.
Según el alcalde tacorontero, explicó a EL DÍA que "tengo que actuar conforme a la legislación".
En esa línea, matizó que "no puedo tomar una decisión de este tipo sin estar bien asesorado".
La Plataforma, denominada "Yo también vivo en el 102", indica que también está dispuesta a informar de sus derechos a los policías locales de Tacoronte que deben trabajar en la jornada en que se desarrollará la ejecución de la sentencia, con el objetivo de que los agentes puedan actuar en consecuencia.
Tanto el regidor como la concejal responsable del área de Servicios Sociales, así como una abogada de dicho departamento asistieron el pasado jueves por la noche a una parte de la asamblea celebrada para decidir qué acciones se adoptarán a partir de ahora para defender la permanencia en la vivienda de Antonio y Berta.
El alcalde explicó que el letrado de ambos mayores presentó un recurso de súplica para prolongar la residencia de Antonio y Berta en dicha casa, ya que el inmueble todavía figura a nombre de Antonio en el registro de la propiedad.
Supuestamente, la jueza del caso deberá decidir sobre dicho recurso durante los primeros días de septiembre. No obstante, Dávila no pierde la esperanza de que el citado matrimonio y el hombre que ganó el juicio, Urbano Hernández, todavía puedan llegar a algún tipo de acuerdo.