Un auto del Juzgado de Instrucción Número Dos del Puerto de la Cruz, con fecha del pasado 21 de agosto, propone que el concejal de Empleo, Seguridad, Transportes y Recursos Humanos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y vicesecretario de Organización del PP en la ciudad, Luis Miguel Rodríguez, sea juzgado por un jurado popular por posible malversación de caudales públicos "por gastar en un año 9.600 euros con su línea de teléfono móvil corporativo".

La defensa de Luis Miguel Rodríguez asegura a EL DÍA que recurrirá este auto, "ya que se basa en meras suposiciones o conjeturas". Su abogado subraya que "no hay prueba de ningún tipo que justifique la imputación de Luis Miguel Rodríguez. No hay ninguna prueba de que el móvil se haya utilizado para ninguna cuestión ajena a las funciones del cargo que ocupa, y también hay que dejar claro que no hay ni una llamada a números de tarificación especial".

El citado juzgado ha decidido transformar las diligencias que se siguen por el presunto delito de malversación de caudales públicos en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. La jueza que lleva el caso considera "indiciariamente acreditados los hechos, que son susceptibles de encaje en el tipo penal" que en su momento denunciaron la Fiscalía e Izquierda Unida Canaria (IUC).

Rodríguez deberá volver a comparecer como imputado el próximo 14 de octubre, como paso previo para su posterior enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado, siempre que el recurso de su defensa contra el auto sea finalmente desestimado.

En el auto judicial, la jueza pone de manifiesto que "atendiendo al número de llamadas como a los horarios de las mismas, muchas de ellas en horas nocturnas e incluso de madrugada, resultan indicios de que el gasto desproporcionado de telefonía móvil por parte del imputado no guarda relación con la actividad laboral". Asimismo, señala que Rodríguez "no ha dado razón alguna de la relación profesional que mantenía con los titulares de algunas de las líneas a las que más llamaba, que pudiera justificar una comunicación tan fluida, y, por tanto, un gasto tan desproporcionadamente alto".

IUC informa que "con respecto al elevado gasto realizado por el concejal a través de sus conexiones a internet, el auto es también claro y contundente, al afirmar que tampoco resulta justificado el gasto por conexiones a internet".

Izquierda Unida Canaria pide al presidente insular del PP, Manuel Domínguez, y a la dirección popular que "aclaren si están contra la corrupción y, por tanto, pedirán la entrega del acta de este concejal, o si bien amparan este tipo de comportamientos y continúan defendiendo a Luis Miguel Rodríguez".

Manuel Domínguez dijo ayer a EL DÍA que "hay que respetar la presunción de inocencia y dejar que la justicia se pronuncie. Las decisiones que haya que tomar se tomarán cuando exista una sentencia. No será IUC quien marque el ritmo de lo que hay que hacer".

"Ante la gravedad de los hechos, y la contundencia del auto judicial", IUC, que forma parte de la acusación popular y que en su momento denunció el caso ante la Fiscalía por medio del concejal realejero Jonás Hernández, anuncia que "continuará formando parte del procedimiento judicial y seguirá pidiendo la dimisión inmediata de Rodríguez".