Ni CC ni PP en Icod de los Vinos consideran que la última denuncia de la Fiscalía contra el alcalde, Juan José Dorta (PSOE), y el edil de Urbanismo y candidato socialista a la Alcaldía en 2015, Ramón Luis Socas, sea motivo, al menos de momento, para solicitar dimisiones ni renuncias. Los portavoces de los principales partidos de la oposición prefieren ser "prudentes" antes de pedir responsabilidades políticas a los imputados por un presunto delito de prevaricación por irregularidades en la contratación del mantenimiento de jardines.
La portavoz del PP, Isabel García, aseguró ayer a EL DÍA que "antes de hablar de este asunto tenemos que analizarlo con los compañeros".
García lamenta que Icod esté "en el punto de mira" por los procesos judiciales abiertos contra sus dirigentes municipales, pero prefiere no pronunciarse respecto a esta nueva imputación "hasta que la analice y valore con los compañeros. Es algo delicado".
Tampoco considera que sea el momento de "pedir dimisiones ni renuncias", ni de "entrar a valorar si Ramón Luis debe ser candidato del PSOE o no tras esta imputación".
El portavoz municipal de CC y candidato a la Alcaldía en 2015, Francisco González (CC), también prefiere no pronunciarse "sobre cuestiones internas de otros partidos" y recalca que "por eso no podemos opinar sobre la candidatura de Ramón Luis".
Respecto a la denuncia del fiscal, subraya que "esto sucede porque se han hecho mal las cosas, y no tiene sentido colocar a esa empresa (Jardi Drago S.L.) y a todos sus trabajadores en la situación en la que estaban, con una deuda muy importante por parte del Ayuntamiento de Icod".
"En su momento pedimos al gobierno local (PSOE), a través del pleno, que buscara una solución para pagar la deuda importantísima que tenía con esta empresa y, por supuesto, desconociendo que la relación con la empresa no estaba perfectamente determinada", afirmó González.
"Cuando pedimos que se pagara a la empresa (Jardi Drago) no sabíamos que existían irregularidades administrativas de contratación, ya que no estábamos al tanto del expediente. Supongo que ahora tendrán que depurarse responsabilidades, pero con respeto a la presunción de inocencia", insistió.
"Lo que nosotros exigimos es que se buscara una solución, ya que una administración no puede tener a un montón de gente trabajando y no pagarles. Y si la relación con esta empresa no estaba determinada, a la vista de esa denuncia está claro que habría una responsabilidad política, aparte de la judicial".
González recalca que CC no conocía este problema en enero de 2014, cuando su partido llevó a pleno una moción que pedía que se pagaran las deudas a Jardi Drago, aunque el propio edil de Urbanismo, Ramón Luis Socas (PSOE), declaró a EL DÍA en noviembre de 2013, dos meses antes, que la deuda que mantenía entonces el ayuntamiento con Jardi Drago se debía a "la inexistencia de un contrato de adjudicación del servicio (...) Una situación heredada del mandato 2007-2011, cuando CC y PP gobernaban".
El líder nacionalista sostiene que "sin conocer exactamente la denuncia y el proceso administrativo, no se pueden pedir dimisiones ni responsabilidades, que se depurarán si las hubiera".
Fuentes del gobierno local señalaron ayer que Dorta y Luis están "tranquilos" y que se ponen "a disposición de la justicia para aclarar este asunto".