EL DÍA ha tenido acceso a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz que estima un recurso presentado por el gobierno local (PSOE) y declara "nulos de pleno derecho" los acuerdos plenarios, aprobados por la mayoritaria oposición, para cambiar la defensa contratada por el alcalde, Juan J. Dorta (PSOE), para defender los intereses municipales en el llamado caso camión".
Esta sentencia estima el recurso y condena a la oposición a pagar las costas del proceso judicial, que limita a un máximo de 2.000 euros
La oposición acordó en el pleno del 28 de mayo de 2013 requerir al procurador y letrados que habían actuado ante el Tribunal de Cuentas para que se abstuvieran de seguir prestando servicios para el Ayuntamiento de Icod, así como contratar una nueva defensa. CC sospechaba que la defensa contratada por Dorta velaba más por sus intereses que por la defensa del interés del ayuntamiento. Precisamente en un caso donde se acusaba al alcalde de haber causado un perjuicio económico al consistorio por la compra, en 2006, de un camión presuntamente en mal estado, por el que se pagaron 54.000 euros.
Ahora este tribunal considera que esos acuerdos plenarios son nulos de pleno derecho y que "es evidente que una vez contratados por el alcalde unos determinados profesionales (procurador y Letrados) para asumir la representación y defensa del ayuntamiento, la resolución de dicho contrato sólo podía ser acordada por dicho órgano de contratación, a través del procedimiento administrativo correspondiente".
Según el juez, "la adopción por el pleno de esos acuerdos de cesación en la prestación de sus servicios fue adoptada por un órgano incompetente y con omisión total del procedimiento legalmente establecido para la resolución del contrato".
las claves
Juan José Dorta contrató a un abogado y un procurador externos para defenderse de una denuncia presentada por un trabajador municipal ante el Tribunal de Cuentas por la polémica compra de un camión. CC sospecha que la defensa no veló por los intereses del ayuntamiento sino del alcalde.
La mayoritaria oposición forzó un cambio de abogado y procurador en un pleno en mayo de 2013, lo que motivó un cambio de criterio en la defensa del ayuntamiento. Ahora la justicia determina que el pleno no podía prescindir de la defensa que contrató Juan José Dorta (PSOE).