Una pequeña valla metálica es motivo de discordia desde hace años entre vecinos del barranco de La Raya, en Los Realejos. El propietario de un terreno colocó el vallado en una zona de su propiedad, pero considerada zona de servidumbre de cauces y "única vía de escape de los vecinos de esa margen del barranco", según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF). Este organismo solicitó su retirada en 2011 y desde entonces ha reiterado la petición en varias ocasiones, sin éxito. El vecino denunciante alerta del riesgo para la seguridad de los residentes en la zona y lamenta que el CIATF no ejecute una actuación que ha tasado en solo 220 euros.

El vecino que instaló el vallado solicitó autorización al CIATF en noviembre de 2008. Un permiso que fue denegado en junio de 2011 "por impedir el paso a través de la zona de servidumbre de cauces de la margen izquierda del barranco de La Raya, y ser la única vía de escape de los vecinos de esa margen y de llegada de servicios de salvamento durante sucesos de lluvia que provocan la circulación de agua en el barranco".

El consejo insular también recordaba a los interesados que la titularidad privada de esa zona de servidumbre se mantenía y que su uso solo está autorizado para el salvamento de personas y el paso de los servicios técnicos del CIATF. Y advertía de que la retirada de la valla no faculta al resto de vecinos para usar la parcela privado, "salvo para situaciones extraordinarias de emergencia de rescate de personas y bienes". Esta resolución se notificó a los interesados y al ayuntamiento realejero en julio de 2011.

Tras comprobar que el cerramiento no había sido retirado en noviembre de 2011, el CIATF dio un plazo de diez días al propietario para retirar el vallado. Y advirtió de que en el caso de no proceder a su retirada, la ejecutaría y le trasladaría los costes. El 16 de enero de 2012, técnicos del CIATF vuelven a constatar que la valla continúa en el lugar.

El 13 de febrero de 2012 el CIATF inició el procedimiento de reposición para retirar el vallado. Se le notificó al propietario en marzo de ese mismo año. El vigilante de cauces comprobó el 23 de mayo de 2012 que la valla seguía en el mismo lugar. Un día después se volvió a otorgar al propietario un plazo de 15 días para retirarla.

En junio de 2012, el dueño presenta un escrito en el que propone recuperar la antigua salida de emergencia mediante un retranqueo de la vivienda colindante. El 8 de octubre de 2012 el CIATF le pidió más documentación para valorar la propuesta.

El propietario presentó el 29 de noviembre de 2012 nuevas alegaciones en las que recalca que la valla metálica no está fijada ni al suelo ni a las paredes con elementos duraderos "sino dos puntos de alambre para que no se caiga", y que la ha colocado para salvaguardar su propiedad de "la entrada o paso de personas que pretendan atentar o robar las cosas o animales de corral que hay en el interior".

En esas alegaciones el propietario asegura que el vallado "no es impedimento para pasar en caso de emergencia, debido a que no tiene la resistencia suficiente para aguantar un pequeño empujón". Además, sostiene que "no existe ninguna posibilidad de salida a través de la servidumbre del barranco al existir un muro y dos construcciones al final de mi propiedad", así como un talud de tierra no consolidada "muy difícil de remontar".

Respecto a la evacuación en caso de emergencia de los vecinos de ese tramo del barranco, el propietario de la valla alega que se viene produciendo habitualmente por las salidas traseras de las viviendas, "que están a cotas superiores".

Todas sus alegaciones fueron desestimadas por el CIATF el 13 de febrero de 2013. La entidad reconoce que la infracción ha prescrito, pero insiste en que la valla se debe retirar y volvió a darle un plazo de 15 días para hacerlo o para ingresar los 220 euros del coste estimado de la retirada.

El vecino denunciante remitió escritos solicitando información sobre la retirada de la valla el 14 de octubre de 2013, el 20 de enero de 2014 y el 22 de marzo de 2014, "sin obtener respuesta alguna", según asegura. También señala que se han intentado poner en contacto telefónico para ser citados con el gerente del CIATF y han presentado instancias en numerosas ocasiones sin haber logrado la reunión solicitada "por la ocupada agenda del gerente".

Para el denunciante, el propietario de la valla "echa un pulso a la administración, que mantiene una actitud de inactividad y silencio en lugar de ejecutar su propia orden y salvaguardar las vidas de las personas antes de que se produzcan hechos irreversibles".