Tres concejales y una exedil de la Agrupación Independiente de Santa Úrsula (AISU) declararon ayer, en calidad de imputados, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de La Orotava por un presunto delito de prevaricación urbanística. El exalcalde y ahora edil en la oposición, Ricardo García Gutiérrez, se limitó a asegurar a EL DÍA que está "tranquilo" respecto al procedimiento judicial abierto por aprobar, en una junta de gobierno en el año 2009, la licencia de primera ocupación de una promoción de 46 viviendas adosadas en La Quinta, a pesar de que las obras de urbanización no habían concluido.
La exconcejala Inmaculada Concepción Arbelo y las concejalas de AISU María Eugenia Medina y Magdalena Luis también estaban citadas a declarar ayer.
El acta de la junta de gobierno en la que se aprobó esta licencia de primera ocupación, con la ausencia del candidato de AISU a la Alcaldía, Juan Acosta, cita un informe de la Oficina Técnica Municipal que establece que "las obras de urbanización no están totalmente finalizadas" y que "no consta la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales ni del resto de servicios".
Ante esta situación, la Oficina Técnica Municipal concluyó: "No es viable la tramitación de la licencia de primera ocupación". El secretario también advirtió de que en el expediente no constaba el informe jurídico que exigía la ley. Pese a esas advertencias de los técnicos y del secretario, la Junta de Gobierno aprobó la licencia por unanimidad.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archivó en julio de 2013 la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal contra Ricardo García Gutiérrez (AISU) por adjudicar obras municipales a la empresa de su cuñado.