El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Ayuntamiento de Icod de los Vinos que suspenda cautelarmente la sanción de 24 meses sin empleo ni sueldo que interpuso a finales de 2014 al funcionario municipal Justo Caridad, el trabajador y delegado sindical del Stap que ha presentado más de 12 denuncias contra el alcalde, Juan José Dorta (PSOE), y otros ediles socialistas del gobierno local.
Este tribunal dictó un auto de suspensión de la sanción disciplinaria el pasado 19 de marzo, y casi dos meses después, el pasado día 14 de mayo, remitió un escrito en el que pide al consistorio que explique por qué no ha cumplido el auto, y que identifique a la persona responsable de ese incumplimiento "con los apercibimientos del artículo 112 de la LJCA". Este artículo establece que "se podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". Incluso responsabilidades penales.
Para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno, el Ayuntamiento icodense debe reincorporar al funcionario a su puesto y pagarle su sueldo hasta que se resuelva el recurso presentado contra la sanción.
La sanción, que dejó sin empleo ni salario a este funcionario durante dos años, se basa, según el afectado, en "presuntas faltas no justificadas y en el presunto incumplimiento del deber de fichar". A su juicio, esta decisión es una "evidente represalia por las denuncias presentadas".
Entre las denuncias que Caridad presentó contra miembros del gobierno del PSOE destaca el Procedimiento Abreviado 33/2010 por el que están imputados el alcalde, dos concejales y varios ex concejales.