La mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró que la justicia aplazara el desalojo, previsto para las 10:00 horas de ayer, de diez familias que han ocupado pisos en un edificio de la calle Ismael Domínguez, en Tacoronte, que es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Inma Évora, de la PAH, aseguró a EL DÍA que el desalojo de estas personas se ha aplazado "mientras se negocia un alquiler social".
El desalojo del inmueble se ha notificado, una por una, a las diez familias que ocuparon el inmueble hace varios meses, pero la PAH espera lograr un acuerdo con el juzgado y la Sareb.
Évora criticó la actitud del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Tacoronte ante esta situación: "Para ellos no estamos hablando de personas que necesitan una vivienda, sino de okupas, que al parecer es otra categoría de persona".
Una familia que residía en uno de estos pisos ocupados lo abandonó hace unas semanas, tras recibir la notificación del juzgado.
El inmueble está ubicado en el número 84 de la calle Ismael Domínguez, donde se produjo el polémico desalojo del matrimonio de ancianos Antonio Méndez y Berta Ferreiro.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria es una entidad privada creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva cartera inmobiliaria. El lunes, el presidente de la entidad, Jaime Echegoyen, anunció que traspasará temporalmente la gestión de otros 2.000 inmuebles a las administraciones regionales y locales de España para destinarlos a usos sociales.