El Gobierno de Canarias y los propietarios de la galería de Piedra de los Cochinos, en Los Silos, acaban de ser condenados a indemnizar con más de un millón de euros a las familias de cinco de las seis víctimas mortales -y tres de los supervivientes- del fatídico suceso que se produjo entre los días 10 y 11 de febrero de 2007 en un barranco del Monte del Agua. Más de un millón de euros es el precio que ha fijado la justicia para una tragedia que se pudo evitar con un simple cartel o con una mísera puerta. Se veía venir, se denunció públicamente y aún así nadie tomó las medidas necesarias. Para evitar tanto dolor, hubiera bastado con que las administraciones públicas se tomaran en serio el descontrol que denunció, sin éxito, EL DÍA en 2000 y 2001. Ahora se paga el precio de la desidia.
El día 2 de junio de 2000, este periódico publicó una sorprendente noticia: "Ningún organismo oficial controla la seguridad en las galerías fuera de uso". Tras consultar al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno Civil y varios ayuntamientos, EL DÍA llegó a la conclusión de que existía un evidente vacío en la vigilancia de unas explotaciones que constituían un riesgo claro para la seguridad colectiva.
En aquel artículo publicado casi siete años antes de la tragedia de Piedra de los Cochinos, se señalaba que "cuando una galería deja de funcionar, los propietarios deben cerrar su acceso. Sin embargo, ninguna administración pública realiza un seguimiento para que esto se cumpla (...). Una vez paralizados los trabajos de extracción de agua en una galería, tanto el Consejo Insular de Aguas como el Servicio de Minas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias dejan de intervenir en esa explotación. Todo lo que pasa después es responsabilidad única de los propietarios".
El TSJC ha sentenciado ahora que no sólo es responsabilidad de los dueños de la explotación, sino también de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, que debía velar por el cumplimiento de la normativa. Y por la seguridad de la gente.
Hace casi 16 años, las administraciones públicas preferían pasarse la pelota y mirar para otro lado.
En ese mismo artículo de 2000, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) -absuelto de cualquier responsabilidad en el accidente de Piedra de los Cochinos- planteaba que los ayuntamientos debían advertir de la existencia de puntos de riesgo, es decir, galerías abiertas.
El Servicio de Minas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias también sostenía en aquel momento que los propietarios debían mantener cerradas las galerías y que la competencia regional en materia de seguridad en estas instalaciones terminaba "al finalizar el permiso de explotación".
El Servicio de Minas de la Consejería de Industria reconoció públicamente en junio de 2000 que una vez concluida la explotación de una galería dejaban de actuar: "No se hace un seguimiento de las galerías abandonadas".
Para el máximo responsable del Servicio de Minas en aquel momento, los problemas de seguridad ciudadana que pudieran causar esas galerías abiertas eran competencia del CIATF, los ayuntamientos o el Gobierno Civil de la época -la Subdelegación del Gobierno actual-, que respondió que su única competencia era el uso de explosivos en esas obras y que la seguridad de las galerías era "competencia exclusiva del Servicio de Minas del Gobierno de Canarias".
Los ayuntamientos tampoco se consideraban responsables de las galerías y, en el caso del Consistorio de La Orotava, anunciaban que iban a solicitar a Industria inspecciones y medidas contra las galerías abandonadas.
El concejal realejero de Urbanismo de la época, José Dámaso López (PSOE), consideró "escandaloso" que el CIATF y el Servicio de Minas "quieran sacarse el muerto de encima y pasárselo, sin más, a los ayuntamientos".
La constatación pública de aquel descontrol y de la evidente falta de vigilancia no fue motivo suficiente para que se actuara.
La primera denuncia de EL DÍA cayó en saco roto, pero un suceso premonitorio en abril de 2001 reabrió el debate sobre la seguridad en las galerías. Y dio una segunda oportunidad de enmienda, también desaprovechada.
Tres jóvenes estuvieron a punto de morir asfixiados tras permanecer más de siete horas en e interior de una galería de Los Silos, muy cerca de la galería de Piedra de los Cochinos.
Aquel suceso llevó a este periódico a recordar la peligrosidad de las galerías abandonadas y el pasotismo de las administraciones públicas.
El 3 de abril de 2001, EL DÍA publicó un artículo en el que se subrayaba, de nuevo, que "ningún organismo oficial" vigilaba las galerías abandonadas o fuera de uso.
Diez meses después de aquel primer artículo, tres jóvenes de 28, 29 y 31 años de edad estuvieron a punto de morir asfixiados tras internarse, por error, unos 1.200 metros en una galería del barranco de La Isleta. Y EL DÍA publicó: "Este suceso demuestra la peligrosidad potencial de las galerías abandonadas y la necesidad de establecer medidas de seguridad y control".
De nuevo, desidia como respuesta, pese a que se recordaba que "cuando una galería interrumpe su actividad, los propietarios están obligados por ley a cerrar su acceso, aunque ninguna administración pública realiza un seguimiento para que esto se cumpla".
Aquel accidente con final feliz fue el doloroso anticipo de lo que ocurriría casi seis años después. Aquel golpe de suerte que permitió esquivar la tragedia tampoco sirvió para remover conciencias ni corregir errores.
Causa escalofríos releer el relato de los hechos de 2001 y compararlo con lo que, lamentablemente, sucedería en febrero de 2007: "Disfrutaban el domingo de un paseo por el monte silense cuando, según señalan fuentes cercanas a su rescate, decidieron entrar en una galería abandonada que pensaron que les permitiría acortar camino, ya que creían que tenía salida. Caminaron algo más de un kilómetro hasta que empezaron a sentirse mal, pero la falta de oxígeno les debilitó y solo uno de los jóvenes consiguió salir".
"Una vez en el exterior, el excursionista llamó al 112 y solicitó ayuda a sus acompañantes (...). Minutos después, una dotación de bomberos se movilizó para rescatar a los excursionistas, pero las confusas explicaciones del afectado, que no conocía la zona, hicieron que el equipo de rescate se trasladara hasta la galería de Piedra de los Cochinos". Aquellos tres jóvenes salvaron la vida de milagro cuando buscaban el mismo canal de paso situado, peligrosamente, junto a Piedra de los Cochinos. Seis años después la historia se repitió, pero con un final trágico para Ginés, Estefanía, Juan Luis, Maurizio, Eduardo y Javier.
La lógica y la responsabilidad no se impusieron entonces. De nada sirvió la denuncia mediática. Tuvieron que fallecer seis jóvenes para que las administraciones se sentaran y empezaran a trabajar para garantizar la seguridad en las galerías canarias.
Tuvieron que pasar más de seis años, y seis muertos, para que se encargara un censo de las galerías y pozos existentes y para que, en noviembre de 2008, se aprobara el decreto que, ahora sí, regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias. El CIATF tardó varios años en determinar que en Tenerife había 1.124 galerías, de las que solo 473 seguían dando agua en 2012.
Las medidas solo se tomaron después de una tragedia anunciada. Y ahora toca pagar un precio simbólico que jamás compensará tanto dolor y tanta desidia.
Primer aviso: 2 de junio de 2000
EL DÍA denunció el 2 de junio de 2000 que ningún organismo oficial controlaba la seguridad en las casi 600 galerías fuera de uso que existían en el Norte de la Isla, ni en las 350 que se calculaba entonces que existían en el resto de Tenerife. Años después se determinó que no había 950 galerías, sino más de 1.100. Más de la mitad fuera de uso.
En aquel momento, ninguna administración pública se consideraba competente para garantizar la seguridad en las galerías abandonadas.
Tras la muerte de un trabajador en una galería del Sur de la Isla, EL DÍA se interesó por la vigilancia de estas grutas artificiales, tras constatar la existencia de varias de ellas abiertas de par en par en zonas de fácil acceso como la playa de El Ancón, en Santa Úrsula, o la Rambla de Castro, en Los Realejos.
Lo sorprendente fue descubrir que nadie se encargaba de esta vigilancia ni de exigir el cumplimiento de la ley. Lo lamentable es que, una vez constatada esta irregularidad, nadie tomó medidas en casi siete años. Ni siquiera cuando se produjo un aviso tan serio como el rescate de tres jóvenes en abril de 2001.
La frase popular de que aquí solo se interviene cuando hay una desgracia se confirmó de forma macabra en el caso de las galerías de agua. Primero llegaron los muertos y después se tomaron las medidas que, en algunos casos, fueron tan poco diligentes que permitieron que la galería sin cierre de la playa de El Ancón, denunciada en esta información de junio de 2000, siguiera abierta de par en par 13 años después. En abril de 2013, este periódico denunció que seguía con el acceso libre en una playa que cada verano recibe a miles de bañistas. Y Costas por fin la clausuró.
Segundo aviso: 3 de abril de 2001
Casi seis años antes de la muerte de seis excursionistas en Piedra de los Cochinos, EL DÍA recordó el 3 de abril de 2001, a raíz de un suceso que anticipó la tragedia, que continuaba la falta de control sobre las galerías abandonadas. De nuevo, nadie tomó ninguna medida. Las decisiones no llegaron hasta seis años y seis muertos después.
Este periódico tituló en abril de 2001: "El rescate de Los Silos demuestra la peligrosidad de las galerías abandonadas". En aquella información se recordaba también que ningún organismo oficial vigilaba las galerías de Tenerife.
En esta segunda advertencia, ninguno de los interlocutores de diez meses antes quiso hablar para EL DÍA. El alcalde silense de la época, José Luis Méndez (CC), clamó en el desierto y pidió un poco de cordura: "Habría que hacer todo lo posible para impedir que se produzcan equivocaciones fatales".
Méndez propuso, sin ningún éxito, medidas que hubieran evitado, seis años después, seis muertes. A su juicio, era conveniente cerrar todos los accesos a las galerías y que se señalizara el peligro de estas grutas "como se hace con las instalaciones eléctricas".
El artículo de 2001 terminaba con un párrafo que siguió plenamente vigente hasta meses después de la tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos, en febrero de 2007: "En la actualidad, como hace diez meses, ni el Consejo Insular de Aguas, ni el Servicio de Minas, ni el Gobierno Civil -la Subdelegación del Gobierno-, ni los ayuntamientos consideran que controlar el adecuado cierre de las galerías abandonadas sea de su competencia. Aunque resulte sorprendente, en este asunto, la seguridad de la población de Tenerife está solo en manos de particulares".
Una situación anómala e ilógica que se mantuvo años igual por una cuestión de competencias o quizá sea más correcto hablar de una cuestión de incompetencias.