El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza que existan argumentos para compensar con un millón de euros al empresario José Ana Pérez Labajos como promotor del fallido puerto deportivo de Tacoronte, junto a Mesa del Mar. A través de su empresa Parque Marítimo Guayonge, Labajos solicitaba que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario resolviera sobre la concesión del dominio público para ejecutar la infraestructura o le otorgara una indemnización por pérdidas económicas.
El TSJC, por segunda vez, recuerda que no solo el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte se pronunciaron en contra del proyecto, sino que se produjo una amplia oposición popular, por lo que finalmente el Gobierno de Canarias se pronunció en contra de la iniciativa. El TSJC ratifica ahora que la iniciativa se sitúa en el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo, tal y como determina el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
El Ayuntamiento de Tacoronte informó negativamente sobre la ejecución de las vías necesarias para acceder al puerto, "ya que afectaría a la conservación de la playa de la Arena". Además, el consistorio siempre dio prioridad a la ejecución del refugio pesquero de El Pris. El consistorio recalcó que ese nuevo trazado no estaba contemplado en el Plan General de Ordenación (PGO).
El TSJC coincide con el empresario en que aunque los informes no son vinculantes, "tampoco existe ninguna obligación por parte de la administración de efectuar la concesión frente a informes disconformes de las demás administraciones implicadas".
Labajos planteó la quiebra de la confianza legítima, lo que dio lugar a que tuviera que hacer frente a numerosos y cuantiosos gastos. La negativa se basó en la campaña de oposición al puerto, lo que produjo un giro "diametral e inesperado" sobre la decisión de conceder la concesión. El TSJC, no obstante, plantea que nunca existieron derechos consolidados y que tan solo se dieron los pasos sucesivos.
Por lo tanto, los gastos se produjeron "a cuenta y riesgo" del promotor sin que el procedimiento garantizara el éxito, y concluye que "resulta imposible predecir desde el principio el éxito o el fracaso de la solicitud concesionada, con un estudio previo de todas las posibilidades de instrucción, que en cualquier caso le corresponderían también explorar al solicitante, pues estaban igualmente a su alcance".
Los informes favorables solo eran parciales y se descarta el argumento del empresario de que las administraciones ya conocían la ausencia de planeamiento territorial y que por lo tanto no se tendría que haber permitido la redacción del estudio de impacto ambiental en 2006: "La administración obró conforme a derecho, en tanto fue pidiendo a la actora todos los documentos ordenados como requisitos necesarios según el Reglamento y valoró finalmente en orden a todos los elementos en juego dentro de un marco de cierta potestad discrecional, sin infringir el ordenamiento jurídico".
La movilización ciudadana realizó una campaña de recogida de firmas, y logró presentar más de 2.000 alegaciones en las que se pedía al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Tacoronte y al Gobierno de Canarias que no se aprobara el proyecto por el grave impacto que supondría en la costa de Tacoronte. En 2008 se rechazó la solicitud de forma definitiva y, cuando parecía que había sido descartada del todo, el empresario retomó su intención de construir el puerto y reclamó una indemnización ahora rechazada por el TSJC.
las claves
El proyecto de este puerto deportivo surgió hace casi una década y desde el principio chocó con la oposición ciudadana, que se organizó a través de "Tacoronte se mueve". El puerto y parque marítimo en la playa de El Camello fue presentado al Gobierno de Canarias en 2006.
Planteaba 500 atraques de embarcaciones deportivas, un parque marítimo con balneario, club náutico, piscina natural, cambios en los accesos a la zona y un túnel en el acantilado.