Iniciativa por La Orotava (IpO), el partido que en 2002 presentó la denuncia por irregularidades en la construcción del centro comercial El Trompo, podrá decidir antes del 16 de junio si se celebra el juicio contra el exalcalde de La Orotava Isaac Valencia (CC), el promotor Ambrosio Jiménez y el secretario del Ayuntamiento de La Orotava, Juan Carlos de Tomás Martí, o por el contrario acepta una confesión previa de los acusados, que al menos les permita evitar la cárcel. La primera sesión del juicio, prevista para ayer a las 9:30 horas, ha quedado aplazada para el 16 de junio mientras se negocia un acuerdo entre todas las partes -incluido IpO- que suponga la aceptación de los delitos y evite la celebración del juicio.
IpO participa en el proceso como acusación particular, representado por el abogado y edil de Sí Se Puede en Santa Cruz de Tenerife Pedro Fernández Arcila. Al tratarse de un partido asambleario, serán los miembros de la asamblea de IpO quienes decidan, llegado el momento, si se celebra el juicio o se acepta una propuesta de acuerdo de condena que aún no se ha planteado oficialmente.
El exportavoz y exedil de IpO José Manuel Hernández, que ayer acudió al Palacio de Justicia de La Laguna donde se reunieron los abogados de las partes con el juez y el fiscal, explicó que los tres acusados barajan la posibilidad de "asumir los delitos para evitar la cárcel, ya que el fiscal pide para el exalcalde y el secretario una pena de prisión de tres años y medio, además de penas importantes de inhabilitación y el derribo de una parte de la obra".
Los ocho años de inhabilitación que la Fiscalía solicita para el secretario del ayuntamiento, que está en activo, es uno de los principales escollos para el acuerdo.
"Aparte de asumir los delitos y las penas pactadas, los acusados tendrían que hacer frente a la demolición de la parte de la obra que en la actualidad incumple el PGO de La Orotava. Unos 2.000 metros cuadrados", explicó Hernández.
"Lo que se negocia es que si los acusados aceptan su culpabilidad, la petición de prisión se podría rebajar a dos años para que no tuvieran que entrar en la cárcel", indicó Hernández.
El exportavoz de IpO considera que ese acuerdo "sería una victoria política y moral, ya que al reconocer los delitos quedaría demostrado todo lo que denunciamos en su momento: la ilegalidad urbanística cometida, la lesión del interés general de los ciudadanos y el trato de favor a un empresario".
Hasta el día 16 de junio cabe la posibilidad de que se formalice el acuerdo, pero en todo caso los acusados tendrán que comparecer ese día en el juzgado para anunciar el pacto previo o declarar en la primera sesión del juicio. Un futuro judicial que está en manos de IpO.