Como líder de la oposición orotavense y de IPO (luego IPO-LV , de nuevo IPO y ahora en Unidos Podemos), José Manuel Hernández se ganó a pulso la fama de martillo implacable del gobierno de CC y su proyección pública, sus cualidades dialécticas e investigadoras, hicieron que le tentaran hasta del PSOE para ficharlo. Pero ha seguido fiel a su ideario y ahora ve compensada en parte su lucha contra obras ilegales ante el inminente juicio (o acuerdo) por el edificio de El Trompo, en Las Arenas, caso por el que la Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para el exalcalde Isaac Valencia y para el secretario municipal, así como 2 para el constructor Ambrosio Jiménez. A su juicio, "fue una ilegalidad de libro por la que deben estar imputados más técnicos locales".

¿Cómo está el proceso? Se supone que hay una negociación porque el exalcalde y el constructor han admitido sus culpas y quieren una reducción de penas para evitar la cárcel, aunque quizás no entren por cuestión de edad...

El juicio se iba a celebrar en mayo, pero no se celebra porque, el día fijado, se convoca una reunión a los abogados de las partes porque se quería llegar a un acuerdo por parte de los abogados defensores de Valencia y Jiménez...

¿En ningún caso por parte del abogado del secretario municipal?

No, aunque yo no entré a esa reunión y sí nuestro abogado (Pedro Fernández Arcila, portavoz de SSP en Santa Cruz). El exalcalde y el promotor están dispuestos a asumir la culpabilidad a cambio de una reducción de las condenas, aunque no sé si pudieran entrar en la cárcel por edad. Eso sí, es verdad que ambos tienen algunas causas pendientes (Valencia por el Atlante y por créditos extraordinarios y Jiménez, entre otras, por espacios verdes de Las Arenas) y, desde que te condenan, y aunque solo sea un día de cárcel, con una segunda condena sí que tienes que entrar. La reunión se queda pendiente de la posición que adopte el abogado del secretario (Juan Carlos de Tomás Martí). Aún así, se fija fecha para juicio, que empezará el 16 de este mes, y, hasta ahora, no ha habido notificación de lo contrario ni de acuerdo...

A su juicio, y pasados 14 años, ¿se ha viciado incluso esa culpa? ¿Algo así, y aunque lo reconozcan, se puede llamar justicia?

Ha habido una intención clara de ellos en dilatar lo máximo posible el proceso. De hecho, han pedido el archivo de la causa hasta en 4 ocasiones, interponiendo siempre piedritas en este proceso.

¿Y hubo connivencia del sistema judicial?: 14 años no es normal...

No me quiero pronunciar sobre eso. El sistema judicial español es como es, con falta de recursos, con jueces que pasan por este tipo de casos bastante complejos y que son sustituidos continuamente, lo que hace que tengan que estudiar el proceso desde el principio... Aparte de eso, los recursos a los autos han dilatado más el proceso...

Pero, al menos, y porque ya han cambiado muchas cosas, como que el alcalde ha dejado de serlo, ¿se difumina el concepto de justicia?

La justicia es, sobre todo, lenta.

Es que la situación política ha cambiado hasta para IPO, que antes era líder de la oposición y ahora están en una coalición...

Sí, claro. De hecho, ahora no tenemos ni representación como IPO...

¿Y un retraso así no podría frenar que, en situaciones similares, otros denuncien ilegalidades?

Sí, pues todos sabemos que enfrentarnos al poder, aunque sea a nivel judicial, tiene sus consecuencias. Esos procesos se dilatan porque permanentemente se ponen piedritas en el sumario. Obviamente, esto se hace desde el poder económico, del que tiene dinero para mantener a abogados actuando en el pleito...

¿Y a ustedes porque no les cogieron las tasas de Gallardón?

Sí, porque presentamos la denuncia y luego lo hicimos como acusación particular.

¿Que el secretario no asuma la culpa obedece solo a que pierde su trabajo por quedar inhabilitado?

Está claro que la situación más delicada es la suya...

E incluso para el promotor, al perder futuros contratos públicos...

Sí, porque la inhabilitación también le impediría, según las conclusiones del fiscal, participar en negocios relacionados con la construcción, ya que el delito que se comete es contra la ordenación del territorio, solo que Ambrosio no está acusado de prevaricación, como sí los otros...

Claro, pero es que, si esto sale hace 4 años, el alcalde aún estaba en su puesto y el impacto entonces habría sido tremendo...

Sí, creo que, aunque el asunto sea complejo, no era, en realidad, muy difícil constatar que hubo una actuación que no amparaba la legalidad urbanística local en ese momento, pues se construyó en suelo rústico. Eso es lo que se está enjuiciando y no hacía falta tanto volumen sumarial para esto...

De hecho, la denuncia nuclear del caso Varadero fue posterior a esto y ya ha habido condena...

Creo que sí, que se diluye el proceso porque el alcalde se jubila y entendíamos que debía haber sido juzgado en su puesto, y más si va a aceptar su culpa. No sé si una de las cuestiones que pesaron a la hora de promover el cambio en la Alcaldía fueron las causas pendientes de Valencia.

¿Están imputados todos los que debieron o falta gente?

Creemos que quedó gente fuera.

¿Quiénes?

Técnicos municipales que elaboraron informes que sostuvieron todo el proceso, y a los que Juan Carlos daba el visto bueno. Esos técnicos sí tienen responsabilidad.

En el caso Varadero, se inhabilitó también a la edil de Urbanismo: ¿faltan más concejales aquí?

No quedan políticos activos, pero sí entendemos, obviamente, que el edil de Urbanismo de aquellos momentos (Juan Jesús Martín) también era responsable. Además, y si no hay responsabilidad jurídica directa por la que podamos pedir que se encauce a otras personas, sí la hay política en el gobierno, que ahora mira para otro lado, eludiendo el tema y sin un pronunciamiento o una manifestación de apoyo al que fue alcalde durante 30 años...

¿Cree que Valencia se siente solo?

No lo sé, pero, al menos en los medios o redes sociales, no ha habido ni un apoyo a su actuación.

Ya, pero, si asume su culpa, es hasta lógico que escurran el bulto.

Sí, solo que, con él, gobernaban otros que sí levantaban la mano...

Y algunos son claves hoy, como el alcalde, Dóniz, Narciso Pérez...

Sí, esa gente ya estaba cuando denunciamos el asunto, pero apoyaron en todo momento lo que hacía el alcalde y hubo un claro cierre de filas en el gobierno...

Pero mucho de lo ocurrido en Las Arenas fue por decreto de Alcaldía, aunque debían conocer las denuncias: ¿hubo connivencia?

Es más, lo llevamos a pleno y claro que tienen complicidad. Vale que no ocurriera en el pleno, pero tenían junta de gobierno todas las semanas y se discutía esto. Además, lo denunciamos en los medios y repartimos boletines.

Y fueron muy criticados: ¿al menos esta asunción de culpa les compensa pasados 14 años, incluso en su caso, que fue denunciado por venganza por insignificancias en unas obras en su casa?

Como grupo, nos compensa porque se demuestra que teníamos razón. Aunque salgan absueltos, el sumario, que se hayan sentado en el banquillo y que hayan llegado a este punto del proceso hace que se nos reconozca que teníamos razón política y judicialmente.

¿Qué le dice que abogados del caso como Eligio Hernández, aunque ya no esté, diga que solo son irregularidades administrativas, lo que sostiene también para el Mamotreto o Las Teresitas, que no deben ir a la vía penal cuando hay alarma por corrupción en España?

Por supuesto que este caso demuestra que eso no es así.

O sea, que no hay judicialización de la política...

Este caso es muy claro: se hacen unas obras sin licencia, se denuncia por los propios servicios de Disciplina Urbanística del ayuntamiento y la Policía Local, y no se paralizan. Y no hablamos de una obra pequeña de una familia modesta, sino de la mayor que se construía, de 20.000 metros y de un volumen de más de 80.000. Si se hace todo lo posible para driblar la legalidad y permitir que se siga construyendo cuando, a todas luces, es ilegal, hay un delito claro de prevaricación, no es una falta administrativa. No es una cuestión de que el alcalde ha firmado lo que le han puesto delante los técnicos, pues hay un expediente, denuncias y presentamos también las judiciales para que se parara, pero no se paró.

¿Le parece razonable que la Fiscalía pida que se demuelan solo 2.000 metros de esos 80.000?

Es que ahora es lo que se puede hacer y, en ese sentido, es razonable.

Claro, pero la ilegalidad no fue solo de 2.000 metros...

Evidente, pero es así por la ordenación actual; otra cosa es que el instrumento que en su día usaron para legalizar el edificio lo consideremos adecuado o no, y nosotros pensamos que no, ya que es una clara política de hechos consumados para incorporarlo luego al Plan General. Está legalizado el edificio, salvo ese exceso de volumetría que señala la Fiscalía, pero me parece insuficiente, aunque legalmente no podemos ir más allá.

Lo ocurrido en este caso puede servir de símbolo de una época: 2002, el epicentro de la burbuja urbanística... ¿Debe servir esto de aviso con la nueva ley del suelo?

Es un ejemplo claro de la burbuja, de todos los pelotazos de la época y, en este momento, el problema es que la especulación con el suelo ha decrecido bastante...

Porque no hay dinero, créditos...

Sí, pero sí se dan unas circunstancias como las de finales de los 90, puede repetirse.

¿La ley del suelo, que rechaza hasta Paulino Rivero, es un riesgo?

No la conozco muy a fondo, pero, por lo que me he informado, creo que sí, sobre todo porque se eliminan los órganos de control sobre el planeamiento y se abren las competencias a los ayuntamientos. A su vez, abrir la veda a los tipos de uso que puedan tener los suelos agrícolas es un bocado que están pidiendo los de siempre.

Los presidentes de cabildos están muy temerosos con perder mucha potestad y que cada municipio quiera un puerto, un polígono industrial... Por ejemplo, en El Trompo no reaccionaron ni Gobierno ni Cabildo y podían... ¿Cómo será sin órganos por arriba?

Claro. No reaccionaron en absoluto. Lo denunciamos en el Cabildo y la Agencia del Medio y ninguno de esos organismos, que tenían potestad, paralizaron las obras ni abrieron expediente a la empresa.

Con lo que las imputaciones o responsabilidades podían haber sido más... ¿Si este caso afectara al PSOE o PP, abriría muchos telediarios por su enjundia?

Creo que sí, es un caso de corrupción con un alcalde al que se le pide tres años y medio de cárcel y 8 de inhabilitación...

¿Cree que la prevaricación es poco y que pudo haber más: financiación irregular, el signo de aquellos tiempos...? Aquí hubo constructores que presumían de financiar en los bares. ¿Hubo información privilegiada en el PGO?

Todos estos casos que afloran ahora en el Estado fueron posteriores a éste. Esta denuncia fue una de las pioneras en cuestiones urbanísticas en Canarias y no sé si existía la Fiscalía Anticorrupción...

Se reactiva en 2006...

Creo que se debió investigar más a fondo la situación patrimonial de los que han actuado en este caso...

¿Y del partido, las campañas...?

También, aunque no tenemos nada que pruebe que hubiese desviación de dinero ni financiación irregular. Pero la relación de CC con las grandes empresas de construcción fue y es obvia. De hecho, en una de las campañas electorales, su local fue de una de esas empresas, justo la que derribó el teatro Atlante. Por tanto, la connivencia nos pareció clara, solo que no tenemos ningún dato que lo sostenga, aunque políticamente sí lo podemos denunciar porque había un trato de favor por parte del ayuntamiento a todas estas empresas.

¿Cree que CC ha aprendido del pasado? Ahora desclasifica suelo...

Tendrán que demostrarlo; por ahora no han demostrado nada. Se desclasifica suelo porque, ahora, no hay capacidad de inversión para desarrollarlo. Si no, no se haría.

De Las Teresitas, la Fiscalía dijo que era un pelotazo de libro: ¿en este caso, a otra escala, tuvieron claro que era otro pelotazo?

Sí, era una ilegalidad de libro.

Pero ahí están los aprovechamientos económicos evidentes...

Efectivamente, y los grandes perjudicados han sido los ciudadanos de La Orotava. Por querer beneficiar los intereses de Jiménez, se le permitió construir en suelo rústico y en una zona verde contemplada en el plan parcial de Las Arenas para hacer un edificio ilegal que ha supuesto un durísimo golpe al pequeño comercio del municipio.

"Se dijo que no habría paro y sigue por encima de la media"

Hernández es consciente de que uno de los grandes argumentos de CC sobre las grandes superficies alude a los trabajadores y consumidores de centros como El Trompo. No obstante, su respuesta es igual de contundente: "A los que dicen eso les respondo que La Orotava ha perdido mucho más empleos en el sector del comercio que el que se ha generado en las grandes superficies. Además, el trabajo ahí es mucho más precario, con menos estabilidad y condiciones más duras. Se ha destruido empleo en La Orotava cuando se vendió que casi no habría paro con las grandes superficies; aún tenemos unos niveles de paro por encima de la media de Canarias y ya los teníamos entonces. Además, esa sociedad de consumo desaforado que se implantó y ha triunfado no es el modelo de desarrollo que tenemos que plantear para las Islas y mucho menos en este municipio, entre otras cosas porque la generación de riqueza en esas superficies se va fuera, a otros países. Solo se queda aquí los trabajos y son, encima, de baja calidad".

Comparte las conclusiones de las Fiscalía, claras y rotundas

IPO comparte las conclusiones elevadas por la Fiscalía en este caso. De haber juicio, y si se atiende a esos argumentos, Hernández cree que los imputados lo tienen difícil, aunque prefiere ser cauteloso. Entre otras cosas, dichas conclusiones, a las que ha tenido acceso El Día de fuentes jurídicas, subrayan que se trata de "obras ilegales y de imposible legalización" por desarrollarse en "suelo rústico potencialmente productivo", algo de lo que era consciente el promotor de la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas. Además, se alude a los informes de la Policía y del área técnica local y se recalca que la edificación y su uso estaban prohibidos "y se omitió cualquier fase del procedimiento legalmente establecido para actuaciones en suelo rústico, como la preceptiva calificación territorial del Cabildo". Asimismo, se apunta a que no hubo inicialmente permisos ni para los garajes y que se incumplía lo previsto en materia de "seguridad contra incendios, alineaciones y rasantes, estudio de seguridad, seguridad e higiene, control de vertidos, actividades clasificadas, ventilación e iluminación...". Por todo, se le imputa un supuesto delito contra la ordenación del territorio al constructor, y lo mismo al alcalde y secretario municipal, si bien en estos casos se añade el de prevaricación. Para el promotor, se solicita dos años de cárcel, inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena, 20 meses de multa con cuota diaria de 10 euros e inhabilitación para profesión y oficio relacionado con la construcción. Para Valencia y el funcionario, dos años de prisión por el delito contra el territorio y un año y medio por el de prevaricación, así como 8 de inhabilitación para cargo público y la misma multa que al promotor, aparte de derribar los 2.000 metros apuntados.