El exalcalde de La Orotava Isaac Valencia y el empresario Ambrosio Jiménez, para quienes el Ministerio Fiscal pide 3,5 años de prisión por irregularidades en la construcción del centro comercial El Trompo, dijeron hoy que no leen los escritos que firman, pues lo que hacen es fiarse de los técnicos.

Isaac Valencia y Ambrosio Jiménez han declarado hoy en el juicio en el que también está acusado el secretario municipal Juan Carlos de Tomás Martín, y para los tres el Ministerio Fiscal solicita además inhabilitación para cargo público, y que se derribe parte de lo construido.

El centro comercial El Trompo está construido sobre una superficie de unos 20.000 metros cuadrados que el Ministerio Fiscal y la acusación particular mantiene que es suelo rústico potencialmente productivo.

La denuncia la presentó en 2002 el entonces portavoz de Iniciativa por La Orotava en el Ayuntamiento orotavense, José Manuel Hernández, quien hoy declaró como testigo y manifestó que la edificación se levantó sobre suelo calificado como rústico.

El primero en declarar hoy ha sido Ambrosio Jiménez, quien indicó que los primeros trabajos se hicieron para levantar un muro de contención y que se debió a que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario obligaba a llevar a cabo ese trabajo.

A preguntas de la fiscal el empresario aseguró que las grandes obras se comienzan antes de presentar el proyecto y al ser preguntado si sabía que era suelo rústico respondió que en Canarias las leyes son especiales en materia urbanística y que en este caso se trataba de un solar expropiado por Obras Públicas pero que luego revertió.

Ambrosio Jiménez opinó que el plan general de ordenación urbana de La Orotava aprobado en 2004 de manera definitiva se aplicaba mientras era provisional, y se negó a responder a las preguntas de la acusación particular.

La segunda declaración fue la del secretario municipal Juan Carlos de Tomás Martín, quien manifestó que si bien la obra fue paralizada porque la policía local levantó un acta luego el arquitecto técnico había dicho que la nave industrial no se había levantado.

El secretario municipal dijo que lo establecido en el plan general de ordenación urbana se supeditó a lo establecido en cooperación interadministrativa, de forma que se trasladó normativa comunitaria y se podía edificar en esos terrenos.

Al aplicar la cooperación interadministrativa se cambió la calificación del suelo, afirmó Juan Carlos de Tomás, quien añadió que además la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario había actuado en la zona y por ello se trataba de suelo urbanizable.

La fiscal preguntó cómo es posible que durante los catorce años de instrucción de este caso nunca antes hubiera hablado el secretario de la cooperación interadministrativa, a lo que Juan Carlos de Tomás respondió que al cambiar de abogado, el actual letrado le dijo que enfocase la cuestión de ese modo.

También declaró, en respuesta al abogado del exalcalde, que la construcción está legalizada, y a su letrado respondió que la decisión de cambiar el uso del suelo la adoptó el pleno municipal por mayoría absoluta en 1999.

El exalcalde Isaac Valencia reconoció que cuando se pide un informe externo, como ocurrió en este caso con un profesional de la Universidad Carlos III, ya se sabe a quien se hará el encargo, y afirmó que él firmaba lo que le llevaban pues se fiaba de los técnicos que hacían los informes.

Adela Díaz, que era en 2002 jefa del área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Orotava, declaró como testigo y aseguró que no habitual no es empezar las obras antes de tener la licencia para ello y en cuanto a los informes externos explicó que se piden en casos complejos y se trata siempre de aportaciones complementarias.

Esta testigo dijo que el avance del plan general de ordenación urbana puede ser modificado antes de ser definitivo, algo que los acusados habían negado.

La fiscal sostiene que El Trompo no forma parte del plan general de ordenación urbana del municipio sino del plan parcial sector diez.