La cuarta sesión del juicio por la obra del centro comercial El Trompo, en La Orotava, se cerró con el anuncio de la Fiscalía, y de la acusación popular, de que se ratifican en el escrito inicial de acusación y, por lo tanto, en la petición de penas para los tres acusados: ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años y medio de prisión y 6.000 euros de multa para el exalcalde Isaac Valencia (CC) y el secretario del Ayuntamiento villero, Juan Carlos de Tomás Martí, y dos años de prisión y 6.000 euros de multa para el empresario Ambrosio Jiménez. Tras la declaración de los acusados y de una veintena de testigos y peritos, las conclusiones de la fiscal y de la acusación siguen siendo las mismas que antes del juicio. Consideran que se han cometido delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Ayer concluyó la declaración de los testigos con la intervención de Manuel González (PSOE), Fernando Plasencia (Apymevo), una exfuncionaria del Ayuntamiento de La Orotava y el jefe de Proyectos y Obras del Gobierno de Canarias, Gabriel Martín.
Plasencia aseguró en su declaración que en su momento Apymevo intervino en el caso de El Trompo "para intentar retrasar la obra" y, simplemente, "poner pegas en el camino".
El catedrático de Derecho Administrativo y experto en Urbanismo Luciano Parejo declaró en condición de perito de parte y defendió el contenido de su informe externo, encargado en 2002 por el Ayuntamiento villero, para justificar la legalización de la obra de El Trompo. Según Parejo, el suelo donde se empezó a construir el centro comercial debía considerarse "urbano consolidado por urbanización", pese a que el PGO vigente en La Orotava lo clasificara como rústico potencialmente productivo.
A juicio de Parejo, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo" justifica que la construcción de las vías colindantes y la dotación de servicios sea motivo suficiente para no tener en cuenta lo que dice el PGO sobre la clasificación del suelo, pese a reconocer también que es una norma de obligado cumplimiento. Este experto sostuvo ayer que "la realidad se impone al planeamiento".
La quinta y última sesión será este lunes día 27, a las 9:30 horas, y estará dedicada a las conclusiones.
Un perito sostiene que no hay exceso de edificación
El arquitecto José Ángel Domínguez Anadón emitió dos informes, en 2008 y 2010, en los que contradice las mediciones del perito judicial. En su opinión, hay errores en la medición de la parcela y la superficie edificada, por lo que sostiene que en El Trompo "no hay exceso de edificación". El otro perito cifra entre 2.137 y 1.839 metros cuadrados la superficie que incumple ahora el PGO, pero Anadón dice que "no sólo no hay exceso, sino que sobra edificabilidad". En su informe y su declaración, Anadón sí reconoce que El Trompo se empezó a edificar sobre una zona verde de 720 metros cuadrados del anexo Sector 10. "Una cuestión que ya fue juzgada", según fuentes de la defensa de Jiménez.