La concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Antonia M. Domínguez (PP), respondió ayer en el Pleno a la oposición que su gobierno ya está cumpliendo las sentencias favorables a los intereses de los trabajadores del ayuntamiento, pero lanzó una advertencia: el vigente convenio laboral de 1998 "es insostenible para cualquier administración pública".
Asamblea Ciudadana Portuense recordó que el consistorio adoptó en diciembre de 2010 medidas "unilaterales" para reducir el gasto de personal que los tribunales han anulado, y enumeró tres conflictos judiciales en los que está inmerso el consistorio con el personal laboral y funcionario. ACP defendió la necesidad de "cumplir todas las sentencias y de abonar las cantidades que correspondan".
El PSOE volvió a acusar al gobierno CC-PP de falta de diálogo y estimó en "unos cuatro millones de euros" el coste que tendría para las arcas municipales el cumplimiento de esas sentencias.
Domínguez respondió que su gobierno "ya cumple las sentencias" y que esos pronunciamientos de la justicia no incluyen el pago de "ninguna cantidad concreta" a los trabajadores. "El convenio de 1998 se está aplicando, aunque los informes técnicos que justificaron los recortes de 2010 ya decían que era insostenible", insistió.
La diputada nacional Tamara Raya (PSOE) presentó ayer su escrito de renuncia al acta de concejala y fue despedida con palabras de cariño y reconocimiento por parte de los portavoces de todos los grupos de la corporación. La sustituirá en el Grupo Municipal Socialista la número ocho de la lista del PSOE portuense en 2015, Macarena García Carrillo.
Además, se aprobaron por unanimidad cinco de las siete propuestas que planteó la oposición (cuatro del PSOE y una de ACP). Por urgencia se aprobó una partida de 26.500 euros para los desalojados de la calle Pelinor.