Pasó casi como un punto más del denso orden del día del Pleno ordinario de ayer en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero el expediente de modificación presupuestaria número 12/2017 merecería el calificativo de histórico. PP, CC y ACP votaron a favor de este cambio en el presupuesto que permite dejar a cero la deuda bancaria de un ayuntamiento que en 2012 debía 23 millones de euros. Cuando acabe 2017, no quedará ningún crédito pendiente de pago a los bancos. El PSOE se abstuvo y el alcalde, Lope Afonso (PP), se limitó a decir que "después de la que ha caído, otros sacarían pecho".

El Consistorio del Puerto de la Cruz lleva muchos años acostumbrado a las dificultades económicas, que aún existen, pero ayer logró adelantar seis años la cancelación de la deuda bancaria, prevista para 2023. Quedaba pendiente para este año una deuda de unos 5,5 millones de euros que se salda definitivamente con los 4,7 millones de la amortización aprobada.

En esta misma modificación presupuestaria, por importe total de 10,6 millones de euros, se incluyó la cancelación de los casi 500.000 euros de deuda que se mantenían con la Mancomunidad del Norte de Tenerife -cerrada desde 2010-; el pago de deudas con proveedores por operaciones pendientes de aplicar valoradas en 2,8 millones de euros; el abono a la Seguridad Social una deuda de casi 300.000 euros; los 1,5 millones de euros necesarios para la aplicación del convenio colectivo del personal laboral -tras una reciente sentencia judicial que anuló los recortes de 2010-, o la cancelación de facturas pendientes por suministro energético, por valor de 580.873 euros.

El gobierno aprobó en solitario el nuevo plan económico financiero y el plan presupuestario a medio plazo (2018-2020). Dos medidas "obligadas" que, según recalcó la edil de Hacienda, Sandra Rodríguez (CC), "permitirán dar solución a los problemas que aún quedan, aunque la salud financiera de este ayuntamiento cada vez es mejor".

Además, se aprobó, a propuesta de ACP, cumplir en el plazo máximo de dos meses el acuerdo plenario de 3 de marzo de 2014 para mejorar la información pública de las incidencias o restricciones que afecten al servicio de abastecimiento de agua potable.

ACP solicitó también la cancelación del seguro de vida de los miembros del grupo de gobierno (PP-CC), que explicó que se trata de "un seguro por convenio que aprobó el PSOE en el año 2001". Los socialistas plantearon una enmienda, aceptada por PP y CC, para que la indemnización por fallecimiento o invalidez sea la misma para todos los trabajadores del ayuntamiento, incluido el alcalde y los concejales: 9.000 euros.

La ACP criticó que en 2016 se realizaran 914 pagos con reparos de intervención, "que suman 15,4 millones y suponen prácticamente el 50% del presupuesto municipal". Para el edil Jonás González esto es "una anomalía" y advirtió de que hay reparos que "se mantienen año tras año".

Acuerdo para lograr la estación de guaguas

El gobierno local (PP-CC) llevó por urgencia una propuesta, aprobada por unanimidad, que aspira a desbloquear definitivamente la construcción de la estación de guaguas de la ciudad, con la ayuda del Cabildo. La administración insular notificará al Ministerio de Fomento y a la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo su voluntad de licitar la obra, al entender que está acreditada la titularidad municipal de la parcela 53, que bloquea el proyecto desde hace años (por discrepancias con el Estado respecto a su propiedad). Se dará un mes de plazo a ambos departamentos del Gobierno de España para que respondan si están a favor o en contra de la iniciativa. Una vez transcurridos esos 30 días -desde la notificación del Cabildo-, si no hay una respuesta negativa, se licitará la obra. El alcalde, Lope Afonso, dijo ayer: "Es un paso importante, diría que definitivo, para desbloquear este problema histórico".