La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha declarado la guerra a los dos funcionarios de más alto rango del Ayuntamiento de Tacoronte. Esta semana ha solicitado que se abra expediente disciplinario a la secretaria, denunciada ante la justicia por presuntos empadronamientos irregulares, y ha responsabilizado al interventor municipal de "intentar subirse el sueldo" y de "retrasar el pago de la nómina de los 200 trabajadores municipales" con la supuesta "intención de perjudicar los intereses personales y patrimoniales del conjunto de la plantilla".
La sección sindical de CSI-F en el Ayuntamiento de Tacoronte mostró hace unos días su "total respaldo" al delegado de personal funcionario Raimundo Castro y su "más enérgica repulsa" a "las intolerables presiones a las que ha sido sometido para que", supuestamente, "se retirara de la acusación particular contra la secretaria del consistorio, que en 2014 fue denunciada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en su inscripción, y la de familiares directos, en el padrón municipal".
La Fiscalía presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, que aún se encuentra en fase de instrucción. Por ello, Raimundo Castro ha pedido que se dé "un impulso procesal a la causa".
CSI-F recuerda que en 2014 se denunció a la secretaria municipal porque, presuntamente, se empadronó y habría empadronado a familiares con domicilio en la sede del ayuntamiento.
Castro presentó en octubre de 2016 un escrito en el que solicitaba que se abriera expediente disciplinario a la secretaria por un "presunto delito de falsedad documental" (vinculada con los citados empadronamientos). El pasado lunes, el responsable regional de Administración Local de CSI-F, Jorge Javier Díaz Armas, presentó un nuevo escrito en el que reiteraba la petición de que se abra expediente disciplinario a la secretaria y recuerda que "no dar trámite a esta petición podría ser motivo de prevaricación administrativa por omisión".
Con fecha 28 de marzo, este sindicato ha presentado un nuevo y durísimo escrito de queja por la "miserable y mezquina conducta del interventor municipal", a quien acusan de "estar más preocupado por intentar subirse el sueldo que por realizar correctamente su trabajo".
CSI-F amenaza con emprender también acciones judiciales contra el interventor "por haber causado un quebranto tanto personal como patrimonial a más de 200 empleados públicos del Ayuntamiento de Tacoronte".
"No vamos a consentir que se ultrajen derechos con este tipo de comportamientos, y estaremos muy vigilantes en el futuro con su conducta", advierte CSI-F.
Respuesta del gobierno
El gobierno de Tacoronte (CC) prefiere mantenerse al margen de la polémica entre CSI-F y estos dos funcionarios, aunque señala que "espera que las nóminas se abonen en el plazo legal", que sitúa como máximo en el 5 de abril. Respecto a la secretaria, dice que se trata de "un conflicto entre dos trabajadores que está en trámite judicial y ya se verá cómo acaba. Hasta entonces no se harán valoraciones". La apertura de expediente a la funcionaria "queda a criterio del gobierno".