El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de El Tanque y exalcalde del municipio, Pablo Estévez, solicitó ayer la dimisión del actual alcalde, Román Martín (PSOE), tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó recientemente una denuncia contra él por presuntos delitos de prevaricación administrativa y exacciones ilegales relacionados con la apertura del centro de día y la minirresidencia de mayores del municipio. Estévez se pregunta "quién vela por la seguridad y la salud de los usuarios de este centro, que se abrió sin certificado de final de obra, sin expediente administrativo ni licencia".

"Nadie duda de la necesidad que existe en El Tanque de un centro de día y una residencia para mayores, pero hay que cumplir la ley. No se puede poner en marcha un servicio tan importante sin cumplir ni el más mínimo trámite", lamenta Estévez.

"¿Quién vigila a los alcaldes? ¿quién es responsable de que un centro con tantas irregularidades pueda estar abierto?", insiste Estévez, quien asegura estar "muy preocupado" por la seguridad de "las 14 ó 15 personas que residen en un edificio donde no se ejecutaron las obras de refuerzo estructural previstas por el arquitecto y director de la obra".

El exalcalde no entiende la situación actual del centro de día y minirresidencia de mayores de El Tanque y subraya que "si esto lo hace un particular, le cierran el negocio al día siguiente y le cae la de Dios".

A su juicio, la apertura de este centro es "un cúmulo de irregularidades": "Se trata de un edificio oficialmente sin terminar, que estaba embargado y, además, no existe expediente administrativo ni licencia de ningún tipo que ampare la actividad. Ante esto, cabe preguntarse también cómo es posible que tenga suministro eléctrico y otros servicios; cómo se está cobrando a los usuarios, o cómo se contrató al personal de un centro que, legalmente, no existe".

Respecto al suministro eléctrico, Estévez apunta que "o alguien falsificó un documento público para decir que estaba todo legal o simplemente se han enganchado a la red de forma ilegal".

"La bola de irregularidades probablemente continúe -añade Estévez-, ya que si no cumple en nada de lo anterior, ¿tendrá medidas contra incendios?".

"La secretaria municipal declaró que desconocía la existencia de este centro, por lo que entendemos que se le ocultó la apertura, como a las administraciones que deben autorizar la puesta en marcha de un centro de este tipo. Además, el cobro de las tasas tiene informe negativo de intervención, por lo que legalmente no se pueden ingresar y, probablemente, se tendrán que devolver", recalca Estévez.