Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado al Ayuntamiento de Los Realejos a que proceda a la demolición de la tercera planta de la vivienda ubicada en el número 41 de La Cartaya, "por tratarse de una construcción ilegal". Esta petición llega "tras un proceso de varios años con denuncias cruzadas entre los vecinos de esta propiedad y otra colindante", según informa el gobierno local (PP).

"Este enfrentamiento vecinal ha derivado en varias sentencias en firme que son las que motivan el inminente derribo, puesto que los propietarios de esa planta de la vivienda no lo han ejecutado. Ante su inacción, el juzgado apremia al Ayuntamiento de Los Realejos a acatar la orden judicial, instando incluso a informar del expediente cada 15 días y advirtiendo al alcalde y los funcionarios municipales de las posibles consecuencias administrativas y penales que recaerían sobre ellos y su patrimonio en caso de no ejecutar la sentencia", advierte el gobierno.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), ha sido apercibido personalmente de que se enfrenta a la imputación e imposición de multas coercitivas por desobediencia judicial si hiciera caso omiso a este requerimiento judicial, además de advertirle de responsabilidades penales directas a él y a los funcionarios municipales, así como de sanciones al Ayuntamiento de Los Realejos, en el caso de no cumplir lo ordenado por el juzgado.

"De todas las resoluciones que se han dictado en relación con este expediente administrativo se ha dado cuenta a todos los grupos municipales representados en el pleno de la corporación; concretamente en las daciones de cuenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo", señala el gobierno local.

Desde el consistorio se informa de que "este expediente de infracción urbanística ha supuesto un largo recorrido desde que se inició en 2011, con la permanente presentación de recursos varios por parte de los afectados y la insistencia e interés constante de los demandantes y juzgados".

El conflicto se inició antes de 2011 con las denuncias cruzadas de dos familias colindantes en el barrio de La Cartaya por obras ilegales en las cubiertas de sus respectivas viviendas.

Los afectados de este caso denunciaron en su día una construcción ilegal en la azotea de sus vecinos, que tras la correspondiente resolución, acataron y procedieron por medios propios a su demolición.

Como respuesta ante estos hechos, los denunciados en primera instancia iniciaron acciones legales contra la construcción de una nueva planta, la tercera de la vivienda número 41, por no contar con los permisos oportunos. Esa planta no disponía de licencias municipales correspondientes y fue tras recibir la denuncia cuando iniciaron la solicitud de legalización.

Las inspecciones técnicas realizadas en el inmueble constataron unas obras sin concluir, que continuaron a pesar de la denuncia.

La legislación urbanística vigente impide la legalización en el caso de construcciones con expediente de denuncia e inconclusas.

"Se han valorado posibles vías de legalización de la planta, que en ninguno de los casos es posible", señala el consistorio.

La construcción excede la altura métrica máxima de tres plantas que recoge la aprobación inicial del nuevo PGO, "lo que impide también la adaptación de la misma a la futura normativa".