El consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena (PSOE), habló ayer por primera vez de la polémica por la posible contaminación del agua de abasto público que derivó en el cierre obligado de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava. La primera valoración del responsable político de la instalación llegó 14 días después del cierre. Y Valbuena reconoció que en su departamento desconocían las irregularidades (falta de permisos y controles) que obligaron al cierre inmediato de la instalación, ordenado por un inspector de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud (SCS), aunque afirmó que "en ningún momento ha estado en riesgo la salud pública".

Pese a la existencia de informes internos del Cabildo, fechados en julio de este año, Valbuena sostuvo ayer que en el área de Medio Ambiente no sabían que carecían del permiso para verter el agua de la piscifactoría en el Canal del Norte, que abastece, para consumo humano, a buena parte del área metropolitana. "Pensábamos que se estaba actuando de una forma correcta", recalcó.

Valbuena derivó la responsabilidad del uso final del agua de la piscifactoría en "el canalero" o propietario del agua, "que es quien decide a donde va posteriormente". Incluso llegó a afirmar que entendían que la de la piscifactoría era "agua para regadío".

"El agua se recibía de un canal privado, y era un agua para regadío que se devolvía en las mismas condiciones a quien se encargaba de comercializarla", afirmó.

"El motivo del corte es que no había autorización para devolver el agua al canal, pero por parte del servicio técnico se entendía que se trabajaba en las mismas condiciones desde 1972. Aunque es cierto que la normativa ha cambiado mucho, la instalación ha pasado por Estado, Comunidad Autónoma y Cabildo, por lo que se entendía que al recibir la instalación se recibía con toda la documentación", detalló.

Ventura Machado explicó que al elevarse la temperatura del agua en verano, las truchas sufren algunas infecciones que es necesario tratar con un antibiótico llamado florfernicol, "ampliamente usado en Europa y EEUU para tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas de especies animales destinadas a consumo humano, entre ellos, los peces o el ganado porcino, ovino y caprino". Un medicamento legal y permitido por la Agencia Europea del Medicamento para carnes de consumo procedentes de diferentes especies, una vez pasada la cuarentena de seguridad.

A finales de junio se detectó un brote en la piscifactoría y se aplicó el tratamiento con florfernicol del 1 al 20 de julio, "prescrito por el veterinario de la empresa que suministra el pienso medicado que se usó".

Machado señaló que "cada día pasaban por la piscifactoría de Aguamansa 5.184.000 litros de agua, unos 3.600 por minuto. Si se hace un cálculo de la concentración de medicamento, para que fuera perjudicial para una persona, debería beberse 833 litros de agua recién salida de la piscifactoría".

Pese a que el agua no recibía ningún tipo de tratamiento ni de control en la piscifactoría (ayer se dijo que el último análisis del agua se hizo en 2001), Valbuena indicó que "hemos estado muy por debajo de los límites admisibles de restos de ese antibiótico autorizado para carnes de consumo humano, según establece la Agencia Europea del Medicamento. Por eso podemos garantizar que no ha habido ningún tipo de riesgo para la salud de la ciudadanía por el uso de ese medicamento, que fue pautado por un veterinario".

El día 22 de septiembre el área de Medio Ambiente del Cabildo anunció que el cierre de la piscifactoría se había decidido "de común acuerdo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que visitó las instalaciones a petición del propio Cabildo". Pero ayer, la versión cambió y se dijo que el inspector de Salud Pública realizó un control y ordenó el cierre inmediato "por cuestiones administrativas", es decir, por la inexistencia de un permiso para verter las aguas de la piscifactoría en el Canal del Norte.

Valbuena añadió que "esa instalación la diseñó el Estado, pasó al Gobierno de Canarias y de ahí al Cabildo de Tenerife. Por eso los servicios técnicos entendían que se cumplían con todos los requisitos. La inspección sanitaria puso de relieve que faltaba documentación y dictó la instrucción que dictó, que era de inmediato cumplimiento porque en ese momento actuaba como agente de la autoridad. Como administración pública, no nos correspondía nada más que acatar la instrucción de forma inmediata. No acatar esas indicaciones podría haber acarreado responsabilidades importantes por parte de los técnicos. El hecho es que, básicamente por errores documentales, se dio la orden de cortar el agua y hubo que acatarlo".

Desde que el Cabildo gestiona la piscifactoría, ni el departamento de Salud Pública ni la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias habían realizado ninguna inspección ni análisis del agua de la instalación.

Una piscifactoría "más pequeña" en Aguamansa

"Llevamos trabajando desde hace varios meses en las reformas en las instalaciones del Centro Forestal de Aguamansa para replantear su utilidad y potenciar los usos educativos y recreativos del entorno, así como adquirir fincas anexas para ampliar este espacio", explicó Valbuena. El consejero también anunció que la intención del Cabildo es acondicionar "una piscifactoría más pequeña" en Aguamansa para darle un uso educativo. Aparte de la piscifactoría, el Centro Forestal alberga otras instalaciones como un vivero, un centro de trabajo y oficinas de atención al público. Existe un anteproyecto para reconvertir todo el espacio con fondos del Cabildo insular.

José Antonio Valbuena aseguró ayer que "no existe una preocupación especial" por la investigación abierta por la Guardia Civil el día 22 de septiembre de 2017, a raíz de una denuncia de vecinos de Aguamansa que alertaron de la muerte por asfixia de unas 12.000 truchas, tras interrumpirse el flujo continuo de agua. No existe una especial preocupación porque, según Valbuena, "tenemos claro que en ningún momento se ha puesto en riesgo la salud pública". Sin embargo, ayer tampoco se aclaró si el sistema empleado para sacrificar las truchas cumple la legislación o los protocolos de buenas prácticas.

El técnico Ventura Machado aseguró que las truchas de la piscifactoría murieron "en 5 ó 10 minutos" tras el corte del flujo de agua, ordenado por Salud Pública. Sin embargo, EL DÍA, vecinos de Aguamansa y agentes de la Guardia Civil pudieron comprobar esa jornada que pasadas las 18:30 horas (más de seis horas después de ordenarse el cierre del agua) las truchas seguían muriendo poco a poco en los primeros estanques de la instalación, visibles desde la carretera. Existen vídeos y fotos que demuestran que la muerte no fue inmediata.

Pese a la evidencia y los testigos, Machado insistió en que "el 99% de las truchas murieron en menos de media hora".