El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla debatirá mañana a mediodía, en sesión extraordinaria solicitada por la mayoritaria oposición, una propuesta conjunta de AIS-CC, AUP-SSP, PP y Vecinos por Tenerife-CCD, para que el consistorio se mantenga personado, como acusación particular, en el proceso judicial abierto contra la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSOE), y el concejal de Hacienda, Cayetano Silva (PSOE), por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Todos los partidos de la oposición, que tienen mayoría en el pleno, defenderán la propuesta de que se acuerde de forma urgente la prórroga de la encomienda de gestión en su día concedida al letrado Pedro Ángel González Delgado, que en la actualidad es concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y a la procuradora Patricia Carracedo García, "para que se formule escrito de acusación en la defensa de los derechos e intereses de este ayuntamiento o, en su defecto, si existiera cualquier informe que impidiera dicha prórroga, se encomendase la defensa de este ayuntamiento al Servicio de Cooperación Municipal y Defensa Jurídica Municipal del Cabildo de Tenerife".

La alcaldesa lamentó ayer la propuesta de la oposición y calificó como "muy raro" que AUP-Sí se Puede defienda una iniciativa para que el actual portavoz del PP en el Puerto de la Cruz defienda los intereses legales del Ayuntamiento ramblero, gobernado por el PSOE en minoría, "pese a que su animadversión personal y política hacia mí es pública y manifiesta".

A juicio de Velázquez, "solo hay motivos políticos detrás de esta propuesta", pues, según sostiene, en la causa abierta contra ella "no hay perjuicios para el ayuntamiento".

Insiste en que lo que está pendiente de "apertura de juicio oral o archivo" es la donación de la imagen corporativa del ayuntamiento por parte de uno de sus hijos, "sin contraprestación económica"; un decreto de pago de trabajos extraordinarios a personal municipal "que nunca llegó a ejecutarse", y el pago de una indemnización de 4.220 euros al medianero de una finca que adquirió el ayuntamiento, "en cumplimiento de un acuerdo del exconcejal de AIS José Luis Martín".