La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que el grupo de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, conformado por el PP y CC, ha adjudicado de manera directa a Seguridad Integral Canaria el transporte del efectivo recaudado en la tesorería municipal a las entidades financieras, "a pesar de los incumplimientos de esta empresa con sus trabajadores y de las numerosas infracciones constatadas en materia laboral". Para ACP, "es inadmisible que el consistorio continúe otorgando contratos a dedo a una empresa que lleva meses sin pagar a gran parte de su plantilla y que atenta sistemáticamente contra los derechos de sus trabajadores".
La ACP destaca que Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, ha sido denunciada ante la Fiscalía por el Gobierno de España debido a infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De igual forma, subraya las sucesivas sentencias que ha emitido el Supremo anulando los descuelgues de sus convenios colectivos "por haberse llevado a cabo con un comité de empresa amañado".
Recuerdan que esta empresa de Miguel Ángel Ramírez lleva dos meses sin pagar los salarios
"En las últimas semanas -señala ACP- esta empresa ha saltado de nuevo a la actualidad, junto a otras empresas del mismo propietario, por llevar más de dos meses sin abonar el salario de su personal, lo que ha desembocado en huelgas y protestas en todo el país, dado que Ramírez acapara adjudicaciones de servicios de vigilancia y limpieza en numerosas administraciones".
En este contexto, la ACP rechaza que el gobierno siga concediendo servicios a esta empresa, "en lugar de apostar por un modelo de contratación responsable que tenga en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores y no solo el precio ofertado".